Diversas personas individuales y organizaciones indican que el Ministerio Público (MP) ejerce persecución únicamente a actores incómodos que rechazan y construyen alternativas al sistema político y económico actual.
«Resulta gravísimo que el Ministerio Público sirva únicamente para perseguir actores incómodos que rechazan y construyen alternativas al sistema político y económico actual, basado en la corrupción y el despojo», indicaron.
Además agregaron que los grupos políticos, económicos y criminales que controlan las instituciones del Estado ha cobrado fuerza en los últimos días, con acciones que buscan amedrentar e intimidar a la población en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
«En días recientes, y con el control asegurado de la Corte de Constitucionalidad, estos grupos han promovido acciones intimidatorias contra periodistas independientes y autorizado una ley que permite al Ejecutivo cancelar organizaciones que fiscalizan al Estado sin concurso de juez», agregaron.
Indicaron que la captura de Juan Francisco Solórzano Foppa, Anibal Argüello y Roberto Cáceres, entre otras personas que estaban constituyendo una plataforma politica ambientalista, son un claro ejemplo de que la forma de aplicar justicia es segmentada y para beneficio de pocos.
«Solórzano Foppa afectó los intereses de grandes evasores en su trabajo como Superintendente de Administración Tributaria y Argüello sentó las bases técnicas sobre las que se construyeron casos como La Linea, TCQ y Cooptación del Estado. En efecto, estas acciones podrían debilitar la solidez del caso La Línea y garantizar impunidad para los procesados», remarcaron.
Asimismo, indicaron que el uso de herramientas como la violencia, la intimidación y la persecución penal son un mecanismo para defender a los grupos de poder que se sienten amenazados.
Se consultó al MP respecto a este tema y esta fue su respuesta: «El Ministerio Público siempre actúa con objetividad, imparcialidad y apegado al principio de legalidad. La labor que desempeñaron anteriormente nada tiene que ver con el caso presentado por la Fiscalía contra Delitos Electorales. Se respeta la libertad de expresión de todos los guatemaltecos y se reitera que la labor de la institución siempre es apegada a lo que establece la ley».
