Comienzo por hacer público que tengo algunos clientes que están en la industria de la minería.
Ante la moratoria minera que actualmente se discute, pienso que el proceso político de Guatemala puede conducir a diversos escenarios futuros en relación con la minería. Dudo mucho que cualquiera de los más probables sea deseable, es decir, que conduzca al bien común o a mejorar la situación actual, sobre todo de los más pobres que viven en las regiones mineras.
Para los años 2017, 2018 y 2019 Guatemala figuraba entre las diez jurisdicciones menos atractivas del mundo en materia de minería según el informe Anual del “Fraser Institute” para esos años.[1] Este estudio presenta un ranking de 0 a 100 del Índice de Política Potencial (el “PPI”) que incorpora aspectos tales como los impuestos aplicables, la falta de seguridad jurídica, duplicaciones regulatorias, reclamos sobre tierras ancestrales, reglamentaciones ambientales, infraestructura y gestión de las administraciones públicas, entre otros.
En aquellas jurisdicciones en las que el PPI se acerca a 100 puntos existen los mayores atractivos para invertir en proyectos mineros y en las que se acercan a 0 puntos, lo contrario. Entre los escores más altos se encuentran los “sospechosos usuales”, a saber: algunas provincias de Canadá, algunos de los Estados americanos, Chile, Finlandia y Suecia.
¿Qué jurisdicciones cree usted, estimado lector, que están en el otro extremo a lo largo del mismo período? Sí, adivinó: Además de Guatemala, hay países como Zimbabue, Bolivia, Zambia, Nicaragua, la República Democrática del Congo y Venezuela.
Por tanto, esa idea de que Guatemala está “regalando” sus recursos naturales no renovables y que las compañías mineras se los están llevando por nada, no es más que un mito. La situación es al revés: a nadie le interesa invertir aquí en un proyecto minero, si puede hacerlo en cualquiera de las otras alrededor de ochenta jurisdicciones que ofrecen mejores condiciones, en términos del PPI.
Alguno pudiera replicar que esas otras jurisdicciones seguramente carecen de ciudadanos e instituciones con conciencia ambiental o mentalidad democrática, pero eso sería absurdo pues se trata de países como Canadá, Finlandia, Suecia, Estados Unidos o Australia. También son de los países de más altos ingresos per cápita y de mayor desarrollo institucional.
Creo que lo más probable es que la “mitología minera” guatemalteca seguirá siendo la mentalidad predominante pues los motivos ideológicos de los enemigos de la minería son, simplemente, irracionales y el Estado no está dispuesto a hacer valer las leyes de la República. No pretendo ser irrespetuoso con quienes se oponen a la industria minera, tan solo afirmo que no lo hacen sobre bases racionales.
La legislación actual, tanto la específica como la fiscal, seguramente es perfectible y debiera revisarse para que Guatemala deje de estar entre los últimos puestos del PPI, sobre todo porque hace falta inversión, empleos e ingresos fiscales para luchar contra la desnutrición infantil, la delincuencia, la ignorancia y la enfermedad. Además es indispensable que, una vez revisado, el marco jurídico de la minería sea aplicado firme y consistentemente por el Estado y que se hagan valer y respetar los derechos de todos y no solamente de los que vociferan y protestan sin bases racionales.
En ese sentido, una moratoria de diez años, como se ha planteado al Congreso de la República, es totalmente innecesario y perjudicial.
Los productos que se desarrollan gracias a la industria minera no se agotan en joyas y vanidades; la seguridad, el transporte, la medicina, la educación, las telecomunicaciones o la vivienda popular, para no citar sino unos cuantos ejemplos, no existirían como hoy los conocemos y disfrutamos a no ser por la extracción de minerales metálicos.
Es abundantísima la evidencia de que hay proyectos mineros que no suponen ni conllevan riesgos presentes o futuros para la vida humana y otros que sí. En nuestro país hay proyectos mineros de los dos tipos y tanto los ciudadanos con consciencia de la importancia de reducir a su mínimo los riesgos para su vida y de sus prójimos, como también los órganos del Estado, debieran actuar para que sean cerrados los emprendimientos mineros nocivos para la vida humana, a menos que puedan convertirse en emprendimientos viables, sin peligro para la salud del hombre.
Por último, los vecinos de algunas de las localidades que protestan contra las minas pueden estar en contra de la instalación de la empresa a la que se oponen, pero eso no implica, necesariamente, que dicha empresa deba cerrarse. Tendría que demostrarse que se ha violado la Ley por parte de sus propietarios o que se producen o serán inevitables los efectos nocivos que cause para los pobladores, de modo que, por medio del debido proceso, se ventile y, de ser lo procedente, se declare su clausura o las medidas que fueren legalmente oportunas.
Eso vale más que el oro: que se respete la Ley pues, como lo ha dicho el insigne Juárez y conviene recordar con frecuencia: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
[1] https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-
This year, Guatemala replaced the Argentinian province of Jujuy as the least attractive jurisdiction in the world. (2017)
Also in the bottom 10 (beginning with the worst) are Neuquen, Nicaragua, Guatemala, Panama, China, Ethiopia, Dominican Republic, La Rioja, and Bolivia. (2018)
Also in the bottom 10 (beginning with the worst) are Argentina: Chubut, Argentina: La Rioja, Guatemala, Dominican Republic, Zambia, Venezuela, the Democratic Republic of Congo, Mali, and Nicaragua. (2019)
