La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó su informe anual 2023, en el que evidencia el mantenimiento de altos niveles de violencia contra la prensa.
«La Relatoría Especial ha observado un notable deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala, que está vinculado con el proceso electoral que se desarrolla en el país. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado actos de violencia de forma reiterada, además de la instrumentalización de los mecanismos penales como una forma de intimidación y silenciamiento de las voces críticas», se lee en el referido informe.
Asimismo, la RELE indicó que ha continuado recibiendo información sobre ataques ennlínea contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras figuras que participan del debate público, a través de los llamados “netcenters”, cuentas anónimas que han sido utilizadas para desacreditar la labor de personas que denuncian corrupción.
Por esta razón, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha ubicado al país en la zona de “alto riesgo” para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en América Latina en su Índice de Chapultepec.
La Relatoría informó que ha continuado monitoreando ataques contra periodistas, que incluyen asesinatos, agresiones, amenazas, obstrucciones a las fuentes informativas, acoso judicial y presión económica a los medios de comunicación, lo cual ha forzado a muchos profesionales de la prensa a la autocensura e incluso al exilio, por el temor a sufrir represalias.
«La violencia y la falta de investigaciones diligentes de los delitos cometidos en contra de periodistas continúa siendo un desafío pendiente para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Guatemala», señaló la RELE.
Dicha Oficina subrayó que la violencia letal contra periodistas es la forma más extrema de censura, y compromete los derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión.
«Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar a fin de encontrar a los responsables de estos crímenes, para hacer justicia en el caso concreto, evitar su repetición y evitar el efecto inhibitorio que la violencia causa en los comunicadores. La falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares», señaló la Relatoría.
