“Protestar es negarnos a ser reducidos a cero y a que se nos imponga el silencio”. (John Berger)
Guatemala vive desde hace varias semanas los momentos más críticos de su historia reciente, comparable a dos momentos históricos en los que se fraguó el desarrollo posterior de nuestro país: el período de la revolución de octubre de 1944 que se extendió durante una década, y el momento en que se fundó el actual diseño institucional de la democracia, en el período 1983-1985, cuando se instauró el régimen político y electoral que actualmente está en una crisis que probablemente sea terminal.
El paro nacional en curso se ha mantenido por varios días, lo que evidencia el cansancio y el hartazgo de la ciudadanía, que ha visto durante décadas cómo la desidia y la indiferencia gubernamental a las necesidades ciudadanas ha sido la constante. El abuso de poder, la actitud autoritaria y prepotente que usualmente acompaña la acción gubernamental y de las élites de poder, ha calado muy hondo dentro del imaginario colectivo, aspecto que por supuesto, ha sido recordado por la acción irresponsable del Ministerio Público, quienes se han dedicado por meses a desarrollar operativos con un uso de la fuerza innecesario que solamente está diseñado para recordarle a la ciudadanía que el poder en Guatemala se estructura como abuso, no como servicio.
Culturalmente hablando, Guatemala es reconocida como una sociedad altamente jerarquizada y excluyente que se estructura en torno a una distancia jerárquica muy elevada, lo que explica esa tendencia a la pasividad ciudadana que nos ha caracterizado desde siempre, en la que parece que el ciudadano tiende a aceptar con resignación prácticamente cualquier circunstancia negativa, ya sea fortuita -por tragedias naturales- o causadas por la injusticia humana -el avasallamiento y humillación por el uso abusivo del poder-, tan común en Guatemala.
La actitud de los fiscales Consuelo Porras, Rafel Curruchiche y Cinthia Monterroso es el ejemplo más reciente de esta actitud autoritaria y prepotente de quién ejerce el poder en Guatemala: pese a los reclamos, solicitudes y acciones destinadas a que detengan las acciones que han puesto en vilo al país desde hace varias semanas, ellos simplemente siguen montados en su macho, amparados en un discurso de legalidad e imparcialidad que ya nadie cree. El resto de actores clave mantienen el mismo patrón autoritario, distante y prepotente: ni los magistrados de las principales cortes de justicia, ni la junta directiva del Congreso, ni los principales colegios profesionales han sabido responder a la expectativa ciudadana, haciendo oídos sordos al clamor de un pueblo, que exige respeto y dignidad: dos demandas que parecerían sencillas y fáciles de conceder en una sociedad democrática, pero que en Guatemala parece ser una transgresión al modelo de finca con el que se construyó este país.
Por eso, la movilización que inició este lunes es histórica: no solo está articulada frente a la valentía y determinación de la organización de los pueblos originarios, sino que ha logrado mantenerse durante esta semana, gracias a que ha logrado ir articulando paulatinamente una serie de apoyos sociales históricos que auguran buenos presagios: con esta determinación y articulación, probablemente se está articulando un movimiento ciudadano de gran envergadura que quizá conduzca finalmente a superar ese modelo autoritario y excluyente con el que se construyó la sociedad, de manera que finalmente arribemos a un tipo de sociedad más viable y democrática.
La amenaza, sin embargo, no ha sido eliminada: si la Corte de Constitucionalidad fue en su momento una pieza clave de momentos críticos en el pasado, como ocurrió por ejemplo en 1993, en la actualidad la CC se ha convertido en un triste espectador que con su silencio y su tolerancia a las acciones del Juez Orellana y el Fiscal Curruchiche, se está convirtiendo en cómplice activo de la crisis. Igual consideración se podría realizar con respecto a la Corte Suprema de Justicia, que lejos de garantizar el debido proceso, está empeñado en ser cómplice de los desmanes del MP. El desenlace final de esta tensión es quizá la preocupación de todos; lo que si es cierto es que de la forma en que se resuelva esta crisis, determinará el futuro de nuestro país: o nos encaminamos a un futuro compartido más brillante y esperanzador, o se consolida el viejo sistema autoritario, corrupto y excluyente que ha caracterizado a nuestro país desde siempre.
