Adriana Portillo es una madre e hija que 41 años después de la desaparición de su padre y sus hijas continúa buscándolos. Los hechos ocurrieron en 1981 y hasta la fecha continúa sin respuestas.
Este 21 de junio se conmemora el “Día Nacional Contra la Desaparición Forzada”, en Guatemala, miles de familias esperan saber sobre sus seres queridos que fueron desaparecidos durante los 36 años de guerra interna.
El Conflicto Armado Interno dejó más de 250 mil muertes y 45 mil personas desaparecidas, niños, mujeres y hombres, a quienes todavía se buscan y se esperan encontrar con vida.
Este es el caso de la familia Portillo, a la que las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron, secuestraron y desaparecieron a seis de sus miembros sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.
“Soy madre, hija y hermana de seis personas desaparecidas en Guatemala. Desde septiembre de 1981, han pasado ya 41 años de mucho dolor y sufrimiento, al no saber cuál fue el paradero de mis familiares, pero principalmente de mis dos hijas Chagüita de 10 y Glenda de 9 años y mi hermana Anita, que están entre esas seis personas desparecidas”, así inicia su relato Adriana Portillo, al describir la desaparición forzada de sus familiares a manos de las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala.
De acuerdo con Portillo, cuando ocurrió la detención y desaparición de sus familiares hubo un gran operativo el 11 de septiembre de 1981.
“A mi papá se lo llevaron junto a su esposa, mi cuñada, mi hermanita y mis hijas, los detuvieron, secuestraron y desaparecieron. Han pasado 41 años y no tengo ningún conocimiento de qué fue lo ocurrido, el paradero especialmente de las niñas se desconoce”, dijo con voz entrecortada.
Agregó que ha buscado a cada uno de sus familiares y en especial a sus hijas durante más de 40 años. “Aquí en Guatemala era tanto el terror, porque se habían llevado a los miembros de mi familia, que nos movimos a vivir a la capital. Nosotros vivíamos en Jutiapa, nos venimos a la capital pensando perdernos, vivimos en la colonia Primero de Julio, pero no fue una idea muy acertada, porque el Ejército y la Policía tenían el control total de la población y sabían dónde vivía cada quien, vivimos tres años aquí en la capital después del secuestro, sin decir una sola palabra, nadie sabía que había pasado”, mencionó.
La familiar de las víctimas narró que muchas personas preguntaban por sus familiares y ella respondía que se encontraban en México como un mecanismo de defensa para sobrellevar lo que estaba viviendo. “Yo me creí esa mentira, creía firmemente que vivían en México, lo que me ayudó a sobrevivir, me ayudó a no suicidarme, pero sino me mentía no hubiera podido sobrevivir”.
Recordó que durante los tres años posteriores a la detención, secuestro y desaparición de sus hijas y su padre la intimidación era constante, en la colonia Primero de Julio donde nosotros vivíamos, a la orilla del barranco de las Guacamayas, ahí iban a dejar cadáveres cerca de mi casa, compartió.
“Un sábado salieron mis hijas sobrevivientes y en la cuadra había un gran alboroto, sobre todo los niños, varios adultos fuimos a ver qué era lo que pasaba, los niños entre 7 y 9 años habían encontrado una bolsa negra y a la par la huella de un cuerpo que había sido carbonizado, un galón de gasolina junto al cuerpo carbonizado, algo que era muy seguido en el lugar, ahí era cosa de diario que los bomberos sacaran cuerpos descompuestos del fondo del barranco”, recordó.
“TENÍAMOS TERROR”
Adriana Portillo se vio forzada a salir de Guatemala a finales de 1984, luego de estos hechos y porque en el país no se sentía segura para seguir. Portillo aseguró que el móvil de la desaparición forzada de sus familiares fue que se encontraban involucrados en el movimiento por los Derechos Humanos en Guatemala.
Portillo indicó que durante los primeros tres años después de la desaparición de sus familiares no se presentó ninguna denuncia aquí en Guatemala “porque teníamos terror”, fue tanta la intimidación que tuvieron que salir del país.
“En esos tres años lo único que yo hice fue subirme a un ruletero, irme hasta el final de la línea, observando por la ventana si lograba ver a mi madrastra, mi cuñada o mis hijas, pendiente de quién subía al microbús. Al llegar al final me bajaba y me iba de regreso pero en otra ruta, me iba a parar afuera del Instituto Rafael Ayau, y me quedaba en las rejas a ver a cada uno de los niños que estaban jugando, fue la única forma que las busqué, por el gran temor que tenía”, manifestó.
Al salir de Guatemala y llegar a los Estados Unidos “yo me escuche a mí misma por primera vez decir que mis hijas habían desaparecido y que probablemente las habían matado, porque yo creía que estaban en México”, compartió.
Portillo aseguró que gracias al Movimiento Santuario y a otros refugiados, y a las presentaciones que ellos hacían en otros Estados, sobre las violaciones de los derechos humanos en Guatemala, ella pudo denunciar a la luz de su propia experiencia que había perdido a seis miembros de su familia.
EL CASO EN GUATEMALA
Al firmarse los Acuerdos de Paz a finales de 1996, se inició a escribir el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMI) “y por primera vez en mi país fui a denunciar en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), di mi testimonio el cual aparece en el REMI”, refirió Portillo.
Además, acudió a denunciar a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Departamento de Estado, al Comité contra la Tortura y Desapariciones Forzadas en Ginebra, entre otras instituciones internacionales.
En abril de 1998 se inició un caso ante el Ministerio Público, sin embargo, para llegar a la justicia ha sido “extremadamente difícil”, aseguró. “Aunque ha sido difícil no voy a renunciar a la justicia, fui la primera en este país después de la Firma de la Paz, que nombró con nombre y apellido a los responsables de las masacres, desapariciones, torturas y asesinatos”, afirmó.
Según la activista, desde el inicio del proceso se ha querido desaparecer el expediente, el primer Fiscal asignado solicitaba amnistía a los responsables, fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Administrativos, “pero no contaban con que yo no voy a renunciar a la justicia, no cejaré en la búsqueda de la justicia”.
Posteriormente fue conocido por un juez de primera instancia, pero en esa ocasión habían colocado 36 páginas de otro caso por tenencia ilegal de armas de fuego, “era el número de expediente, pero las primeras páginas no pertenecían al caso, luego fue traspapelado hasta ser encontrado en una caja fuerte, y eso lo que dice es que no quieren pagar por sus crímenes, y todas sus víctimas qué, ellos ya están viejitos, hay que enviarlos a sus casas con sus familias y que mueran en paz, pero nosotros no vamos a morir en paz y muchos de los sobrevivientes han muerto sin haber visto la justicia”, manifestó Portillo.
“Sabemos quiénes son los hechores intelectuales, lo que sabemos que fue el Ejército, el centro de operaciones conjuntas del Ejército, quienes eran los que allanaban las casas y llevaron a cabo ese secuestro”, agregó.
Con el acompañamiento del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Portillo ha logrado que el caso avance en los Tribunales de Justicia, “Estoy agradecida con ellos, porque si no es así el caso no inicia, empiezo a tener esperanza de una justicia que está por llegar, no sé cuándo, pero sé que va a llegar”, concluyó.
