La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su informe anual 2023, que el deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho continúa agudizándose por el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (MP) que socava y contraría el Estado de Derecho, lo que a su vez se refleja en el incumplimiento sistemático y prolongado del Estado con su obligación de combatir la impunidad.
Asimismo, señaló que durante el 2023, «el ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales quedó evidenciado durante las Elecciones Generales de 2023, por una serie de injerencias del Ministerio Público seriamente cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional, que pusieron en entredicho los resultados del proceso, socavando y contrariando el Estado de Derecho colocando en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos».
También indicó que la ausencia de control judicial frente a las injerencias del MP en el proceso electoral, como allanamientos contra el TSE, el partido Movimiento Semilla y la apertura y confiscación de las boletas de votación, «han puesto en evidencia el estado actual de debilitamiento del principio de separación de poderes y la progresiva pérdida de un sistema de controles y contrapesos en el país, profundizando así la inestabilidad política, social y democrática en Guatemala».
La CIDH evidenció que en Guatemala persiste la criminalización y severos señalamientos sobre el empleo arbitrario de la privación de la libertad en contra de personas operadoras de justicia y exoperadoras de justicia, por el trabajo realizado en casos emblemáticos de corrupción y de graves violaciones a los derechos humanos, en un contexto de falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público.
«El procedimiento de antejuicio sigue siendo instrumentalizado como mecanismo de acoso, hostigamiento y represalia contra las personas operadoras de justicia, con el fin de intentar despojarlas de su inmunidad jurisdiccional o hacerlas renunciar al cargo, para luego verse forzadas al exilio», explicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y lamentó que en 2023 la figura del antejuicio también fue empleada contra magistrados y magistradas del TSE en el marco de las elecciones con el fin de dar inicio a procesos de criminalización.
En el informe anual de la CIDH, también plasmó un notable deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala, entre otras, debido a ataques, hechos de violencia y la instrumentalización de los mecanismos penales como una forma de intimidación y silenciamiento de las voces críticas.
Por ello, frente a esta coyuntura política y ante la progresiva erosión de las salvaguardas democráticas en el país, la CIDH destacó la urgente necesidad de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en el sistema de administración de justicia y en los valores democráticos.
