Ciudad de Guatemala, 22 jun (EFE).- La candidata conservadora Zury Ríos Sosa, hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, busca la presidencia de Guatemala después de obtener luz verde para competir por segunda vez en unos comicios en el país, pese a la norma constitucional que prohíbe su participación.
Con 55 años de edad, Ríos Sosa llega a los comicios del próximo domingo de la mano de la coalición de derecha Valor-Unionista con posibilidades de ingresar a una segunda vuelta electoral, de acuerdo a las encuestas del presente semestre.
En 2019, la candidata conservadora no pudo participar en los comicios porque las cortes de Guatemala determinaron que su inclusión era inconstitucional, por una norma que especifica que los familiares de personas que ejercieron un golpe de Estado no pueden gobernar el país.
Sin embargo, para las presentes elecciones sí se le permitió la participación, tal y como sucedió en 2015, cuando finalizó en la quinta posición con 288.421 votos en total.
De acuerdo con analistas, su habilitación para competir este 25 de junio fue gracias a que cuenta con influencias en la Corte de Constitucionalidad y una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida en 2022, que respalda su participación.
No obstante, las críticas en su contra han sido fuertes por defensores de derechos humanos, ya que su padre, el exgeneral Efraín Ríos Montt, fue acusado y condenado en 2013 por el genocidio de 1.600 indígenas en el norte de Guatemala durante el conflicto armado interno, específicamente entre 1982 y 1983.
Dicha condena, sin embargo, fue desautorizada días después por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los 17 meses de Gobierno del padre de Ríos Sosa fueron los más sangrientos de los 36 años del conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), que dejó 250.000 víctimas entre fallecidos y desaparecidos.
Ríos Sosa ha manejado un discurso de negación sobre las masacres de las que se acusó a su padre y le acompañó hasta el momento en el que la Corte de Constitucionalidad revocó la condena en su contra.
UN PASADO EN EL CONGRESO
La candidata, quien es licenciada en ciencias políticas y cuenta con estudios en España, tuvo una larga carrera legislativa como diputada en Guatemala entre 1996 hasta 2012, con cuatro periodos consecutivos de legislatura.
Durante su paso en el Congreso, Ríos Sosa promovió iniciativas de ley sobre la atención al VIH Sida y violencia contra la mujer, pero fue criticada por oponerse a los esfuerzos por combatir la corrupción en Guatemala.
La hija de Ríos Montt siempre rechazó y se opuso a la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual combatió la corrupción en el país durante más de una década, y desmanteló múltiples estructuras criminales incrustadas en el Estado.
En 2011, Ríos Sosa incursionó por primera vez como candidata presidencial del extinto partido Frente Repúblicano Guatemalteco (FRG), de extrema derecha y fundado por su padre, el general Efraín Ríos Montt.
Sin embargo, en esa oportunidad, la candidata renunció a postularse finalmente aduciendo insuficiencia de recursos económicos para financiar su campaña presidencial.
ALIANZA CONSERVADORA Y PENA DE MUERTE
Para las elecciones de este año, Ríos Sosa se alió con el partido Unionista, dirigido por el diputado Álvaro Arzú Escobar, hijo del expresidente de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000).
La alianza le ha permitido contar con el apoyo de la estructura electoral municipal de la Ciudad de Guatemala y de municipios de la periferia.
Además, la coalición conservadora cuenta con polémicos candidatos a diputados que fueron ministros durante el Gobierno del expresidente Jimmy Morales (2016-2020).
Durante la campaña, la candidata se ha caracterizado por ofrecer fortalecer las fuerzas de seguridad, «sacar el Ejército a las calles» para combatir la delincuencia y también por establecer la pena de muerte para ciertos delitos en caso de llegar al poder.
De igual forma, ha prometido crear 10.000 empleos mensuales, aunque su plan de Gobierno no explica la estrategia que utilizará al respecto.
Varios abogados y organizaciones de derechos humanos han criticado a Ríos Sosa porque su presencia en el Organismo Ejecutivo sería una «amenaza» por ser partidaria de otorgar amnistía a militares que están procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
Más de 9,3 millones de guatemaltecos están convocados a las urnas el próximo domingo para elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028.
