Una vez finalizadas las elecciones generales 2023, luego de múltiples acciones judiciales y maniobras políticas que pretendían impedir la toma de posesión del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. En este año 2024 Guatemala debe estar nuevamente en agendas nacionales e internacionales, porque se deberán desarrollar los procesos de postulación, selección y nombramiento de magistrados y magistradas de las Salas de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial, que deben tomar posesión el 13 de octubre.
Como recordarán la prolongación de funciones por más de cuatro años de las anteriores magistraturas del Organismo Judicial, quienes debían entregar sus cargos en octubre del 2019, sentó un mal precedente que contravino principios constitucionales en la integración de un poder el Estado. Es por ello que, el nuevo Congreso de la República, entidad que debe nombrar a dichos funcionarios del sistema de justicia, debe asumir con mucha responsabilidad esa tarea que la Constitución le asigna, nombrar a los mejores profesionales y no incurrir en incumplimiento de deberes, como la anterior legislatura.
Es oportuno también mencionar, la actitud maliciosa que tuvo la actual Corte de Constitucionalidad, porque retardó la emisión de la resolución que ordenara al Congreso de la República cumplir con la elección, dictándola cuando políticamente los tiempos u otros intereses se lo ordenaron. Con esa prolongación de funciones judiciales se desfiguró el diseño de pesos y contrapesos que dispone la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de cargos públicos de vital importancia para el sistema democrático y representativo, porque el gobierno pasado y con mayoría en el legislativo, no fueron sometidos al control judicial, porque este nunca fue renovado cuando debía hacerse, permitiéndoles permanecer en sus cargos, a manera de “te favorezco, me proteges”.
La observación, seguimiento y monitoreo de la ciudadanía al proceso de postulación, selección y nombramiento de las y los magistrados es muy importante, porque no debe caer en manos equivocadas esa responsabilidad importante de administrar justicia, como han ocurridos casos judicializados y otros en impunidad, de funcionarios del sistema de justicia que en el ejercicio del cargo han manchado la toga al cometer delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. Es por ello que, el proceso debe ser transparente y objetivo para seleccionar a los mejores perfiles por idoneidad, honorabilidad, preparación académica y garantía de independencia.
La ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil nacional e internacional, organismos y comunidad internacional, deben poner mucha atención al desarrollo de este proceso; porque como quedó evidenciado con el proceso electoral 2023, existen en el país grupos o personas interesadas en mantener un sistema de justicia cooptado, que esté al servicio de intereses oscuros y no legítimos. Debe tomarse en cuenta que la elección de un magistrado es para que trabaje honestamente, interprete la ley y procure justicia, no para generar impunidad o utilizar el sistema legal como instrumento político de venganza.
Diversas organizaciones nacionales de sociedad civil han tenido un papel importante en la observación y monitoreo de procesos de selección y nombramiento de magistraturas; sin embargo, dadas las condiciones del sistema guatemalteco, donde se han judicializado procesos de postulación, por graves sindicaciones de corrupción, tráficos de influencias y regalos ilícitos, nombrándose profesionales, no por altas cualidades profesionales y de honradez, sino por pago de favores o compadrazgos, quienes una vez en el cargo resultan complacientes en sus decisiones con políticos acusados de corrupción o personas de gran influencia económica o militar, generándose desconfianza, falta de legitimidad e injusticia.
Este año en el que nos encontramos con una nueva administración del Poder Ejecutivo y un nuevo Congreso de la República, resulta importante que la comunidad internacional, tal y como lo hizo durante las elecciones 2023, en las que estuvo en riesgo el traspaso de mando y con ello, el orden constitucional, continúen con la observación y monitoreo del proceso de postulación, selección y nombramiento de los profesionales que tendrán la importante misión de aplicar la ley y garantizar justicia a la población guatemalteca.
Un mecanismo útil y necesario sería que organizaciones internacionales o del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, puedan ser invitados por el Presidente de la República para realizar análisis, seguimiento y recomendaciones sobre la aplicación de estándares internacionales en el diseño de tablas de selección y evaluación. Pero lo más importante, la fiscalización del proceso, para garantizar que los trabajos de ambas comisiones de postulación (Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia) sean objetivos, transparentes y públicos, que el Congreso de la República nombre a profesionales probos, éticos y comprometidos con administrar justicia independiente e igual para todos. Incluyéndose también el monitoreo de las elecciones de comisionados en el Colegio de Abogados y Salas de Apelaciones.
Han existido mecanismos de veeduría internacional en muchos países, para dar seguimiento y vigilar procesos de nombramiento de altas cortes en diferentes países, por ejemplo: en 2005 el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, designó a dos representantes para la veeduría del proceso de selección de miembros de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador, quien en su oportunidad manifestó que “la presencia de estos veedores internacionales de alto nivel apoyará al gobierno ecuatoriano y contribuirá a la transparencia del proceso para integrar una Corte Suprema de Justicia independiente e imparcial”.
En 2022 una Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras) conformada por cuatro personas expertas internacionales en materia de justicia, fueron invitadas por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) para desarrollar una misión de veeduría y participación en el proceso de elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, entre sus objetivos determinaron que ese era “un evento determinante para la independencia del Poder Judicial, el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática del país. Comprometidos con los esfuerzos ciudadanos para promover la transparencia, objetividad y apertura del proceso al escrutinio social”.
Dichas misiones internacionales rindieron informes y recomendaciones de los procesos observados, los cuales constituyen aportes valiosísimos para futuros eventos de postulación y nombramiento. Siendo importante la voluntad política de los intervinientes en los trabajos de las entidades nominadoras y de selección, así como en el órgano político que finalmente debe hacer el nombramiento, está claro que no existe un proceso perfecto, pero en la medida que se reconozca que existen graves problemas y se pida la ayuda técnica; asimismo, se tendrán las soluciones efectivas para sacar al sistema de justicia del pantano en el que se encuentra.
Resulta que la intervención de organismos u organizaciones internacionales está más que justificada en países con institucionalidad débil, cooptación de los sistemas de selección, procesos opacos, discrecionales y con nula transparencia, hacen más que necesaria la ayuda o acompañamiento de la comunidad internacional, que debe sumarse a los esfuerzos que a nivel nacional realizan organizaciones de sociedad civil, con la finalidad de garantizar que las personas nombradas que integren el Organismo Judicial sean idóneas, honorables y honestas, comprometidas con el fortalecimiento de la administración de justicia y no que sean personas comprometidas con la corrupción, impunidad o intereses perversos.
Encontrándose Guatemala en un momento importante de su vida política y social, en la que la participación ciudadana ha demostrado que en la unidad está la fuerza necesaria para que existan cambios positivos en el país. El tema de la justicia, constituye una tarea pendiente que el Estado de Guatemala tiene que garantizar a sus pueblos y grupos vulnerables, por lo que la integración del Organismo Judicial con magistrados y magistrados honestos e independientes, no debe ser una posibilidad, sino una realidad.
