La presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés Quezada por medio de un comunicado se pronunció por la “Lista Engel” publicada por el Departamento de Estado, que ha incluido a dos magistrados de la CSJ y dos Jueces del OJ por sus actos de corrupción y el socavamiento de la democracia de Guatemala.
De acuerdo con Valdés Quezada, dicha lista “constituye una flagrante violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, y quebranta específicamente el Principio de Derecho de Defensa, el cual establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, y que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”.
Asimismo, señaló que vulnera el Principio de Presunción de Inocencia, en su dimensión extraprocesal, procesal y como principio inspirador de los procesos y reglas de juicio, ya que toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.
Según la magistrada Presidenta de la CSJ, la lista además,“vulnera el debido proceso, puesto que carece de legitimación y constituye una intolerable intromisión en la administración de justicia, al señalar de forma infundada y sin ningún medio probatorio a funcionarios del Organismo Judicial, que por su alta investidura de magistrados y jueces, deben ser respetados por guatemaltecos y extranjeros, y los mismos gozan de prerrogativas que les otorga la Constitución Política de la República de Guatemala”.
En caso de existir un presunto hecho delictivo, se debió canalizar a través de las instancias correspondientes y no a través de publicaciones de prensa y redes sociales, señaló Valdés Quezada en el comunicado.
“La llamada «Lista Engel» constituye entonces, una ilegal intromisión en las funciones constitucionales que le corresponden con exclusividad al Organismo Judicial, como lo es la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, ya que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca, y ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”, manifestó.
Por lo que rechazó categóricamente “la intromisión extranjera en las funciones constitucionales que únicamente le competen a este alto Organismo de Estado”.
