Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) revocara los amparos provisionales para la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de ONG, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) rechazó dicha acción y señaló que violenta, entre otros, los derechos reconocidos para las personas defensoras de Derechos Humanos, poniéndoles en riesgo, lo cual consolida un Estado Autoritario.
Jorge Santos, de UDEFEGUA, manifestó que no sorprende la decisión de la CC, en particular de tres magistrados dada las calidades que ya se habían anunciado desde el momento que se designó a los mismo y posteriormente la juramentación que se llevó a cabo en el Congreso de la República violando el Estado de Derecho al permitir que una Magistrada no fuera juramentada.
“Estamos hablando de tres profesionales que fueron designados por distintos órganos, en los que se logra identificar que han sido tres personajes vinculados a los distintos miembros del Pacto de Corruptos que se benefician de la impunidad y actos de corrupción. Entonces el proceso de la resolución de ayer no es más que la consolidación de un Estado autoritario que se encamina al igual que muchos países de la región hacia un régimen de carácter dictatorial donde cualquier tipo de oposición al régimen debe ser sancionado” señaló Santos.
Asimismo, indicó que quienes mayoritariamente votaron en esta resolución el Magistrado Roberto Molina Barreto, la Magistrada Dina Ochoa Escribá y la Magistrada Leyla Lemus, “pues efectivamente han sido personajes vinculados a favorecer los intereses de ese Pacto de Corruptos, en otras oportunidades sus acciones han estado vinculadas a favorecer a personas señaladas de graves violaciones a Derechos Humanos, a favorecer los intereses del Sector Privado incluyendo a personajes que han cometido graves actos de corrupción o violencia, y pues algunos de ellos han estado vinculados con actores de la impunidad que han tomado control pleno del sistema de justicia”.
Agregó que seguirán accionando en el marco del Estado de Derecho y seguirán denunciando a nivel nacional e internacional sus acciones vinculadas a la impunidad dijo Santos.
Según el activista, con las reformas a la Ley de ONG que fueron aprobadas por el Congreso y sancionadas por el presidente Alejandro Giammattei el año pasado, lo que se logra identificar es un accionar “muy mal intencionado contra las ONG”, organizaciones que hoy por hoy mantienen controles estrictos, supervisados por la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial, por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por el Ministerio de Trabajo, por el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, es decir que existe una fuerte fiscalización a las ONG.
Y aquellas que reciben fondos públicos que no son la mayoría, son supervisadas por la Contraloría General de Cuentas. “Entonces estas reformas que narrativa y públicamente intentan hacer ver que es una intención de auditar y fiscalizar a las ONG carece de fundamento, y lo que pretende es violentar no solo el propio Estado de Derecho Guatemalteco sino los convenios y declaraciones firmadas y ratificadas por el Estado Guatemalteco en cuanto a las garantías de Derechos Humanos”.
De acuerdo con Santos, los Magistrados de la CC al firmar esa resolución no solo violaron el derecho de asociación consagrado en la Constitución Política de la República, sino también lo consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la propia Declaraciones sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos establecido por las Naciones Unidas.
Además agregó que se está frente a la figura de un autócrata, que en el caso del presidente Alejandro Giammattei, como buen autócrata impulsa acciones de corte dictatorial. “Lo que vimos el año pasado cuando el Presidente en una acción atípica para sancionar una Ley convoca a una conferencia de prensa, toma una lista de ONG publicada por un netcenter, y la hace pública en su calidad de Presidente de la República, pues es evidente el accionar del propio Presidente y efectivamente el interés y el objetivo que hay detrás de esta acción, es eliminar a todo lo que el régimen encabezado por él, identifica como oposición política” señaló Santos.
Refiere que con esta acción Guatemala se está poniendo a la altura de otro tipo de legislación como la nicaragüense, Rusia, Egipto y en otros países de corte dictatorial, es decir mucho es lo que está pasando en el país en estos momentos.
“Lo que da paso a esto es a profundizar los actos de criminalización de las personas defensoras de Derechos Humanos y las dirigencias de las asociaciones civiles. Todas aquellas que como se han referido se constituyen a la oposición del actual Gobierno, no solo pueden ser clausuradas, a sus directivos se les pueden abrir causas penales y teniendo un Ministerio Público cooptado, evidentemente podría esto constituir en un accionar más profundo. Esperaríamos que las Fiscalías haciendo uso de su autonomía no se presenten a la profundización de este proceso de criminalización” dijo Santos.
