La Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ) resolvió que la Supervisión General de Tribunales inicie una indagación administrativa en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del OJ, Silvia Patricia Valdés.
Esto para determinar si Valdés cometió alguna falta administrativa y así iniciar un procedimiento disciplinario en su contra, para lo cual dio un plazo de 10 días para realizar la investigación.
“Se estima necesario que la Supervisión General de Tribunales de Guatemala, dentro del plazo de 10 días, realice la investigación del hecho denunciado cumpliendo como mínimo individualizar, localizar y entrevistar a los denunciantes”, se lee en la resolución de la Junta de Disciplina Judicial.
Si en esta investigación son encontrados los elementos suficientes que demuestren que la Presidenta del OJ si incurrió en una falta administrativa, se iniciará el procedimiento disciplinario correspondiente.
Esta resolución es en respuesta a una queja presentada por el diputado Aldo Dávila y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) en contra de la Valdés, donde solicitaron que fueran investigados diversos sucesos irregulares, entre ellos el aporte de Q20 mil al Instituto de Magistrados, quienes denunciaron a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán por autorizar diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020, en el que fue involucrada Patricia Valdés.
“Dicho apoyo se traduce en financiar la persecución política de jueces y fiscales para garantizar corrupción e impunidad”, indicaron los denunuciantes.
