El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en exilio, Juan Francisco Sandoval, evidenció que el Ministerio Público (MP) está violando la Ley al conceder reducción de la pena a un integrante la familia Mendoza por el delito de desaparición forzada en el caso Cancerbero.
Sandoval citó el artículo 491 Quáter del Código Penal, que contiene las restricciones a la rebaja de penas por aceptación de cargos, el cual en su literal a, dice que, «la rebaja de penas por la aceptación de cargos no se aplicará a los delitos siguientes: Genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial…».
Por su parte, el Ministerio Público informó que a solicitud de la FECI, fue dictada la sentencia condenatoria, por medio del procedimiento especial de aceptación de cargos, contra José Alfredo Portillo Mendoza por los delitos de asociación ilícita y desaparición forzada en su grado de complicidad, dentro del caso Cancerbero.
«Por desaparición forzada la pena es de 25 años inconmutables, rebajada en una tercera parte, para 16 años y 8 meses de cárcel con abono de tiempo ya pagado», indicó el ente investigador en su boletín de las actividades relevantes de la semana.
Portillo Mendoza fue capturado en Petén en noviembre de 2014, señalado de pertenecer a una estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Matta que se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén.
Dicha organización fue desarticulada en 2014 siendo un poder paralelo al Estado que afectaba la convivencia pacífica de los habitantes de las regiones bajo el control de ese «grupo armado ilegítimo».
Las pesquisas estuvieron a cargo de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y el Ejército.
