La directora del Instituto de la Víctima (IDV), Alejandra Carrillo, fue favorecida con medidas de seguridad por parte de magistrados de la Sala de Femicidio, y en contra de periodistas que han realizado publicaciones de prensa en las que exponen indicios de que ha participado en hechos de corrupción.
La jueza suplente «A» del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual (MAIMI), Yadira Barrios, fijó el plazo de 24 horas para que dichas medidas de seguridad sean efectivas, y 48 horas para informar el cumplimiento de dicha resolución.
Los periodistas por quienes fueron impuestas estas medidas son Oscar Clemente y Pedro Pablo Marroquín, y no se podrán acercar a Carrillo o a sus familiares, lugar de habitación, trabajo o estudios.
La juzgadora recalcó que Alejandra Carrillo se encuentra protegida por Operadores de justicia y si los comunicadores incumplen esta medida serán acusados de desobediencia, tal como lo indica el Código Penal en su artículo 414, sin embargo, tendrán un plazo de tres días, luego de ser notificados para presentar su oposición ante tal decisión.
Carrillo está vinculada en contrataciones irregulares y la creación de 109 plazas fantasma en el Instituto de la Víctima con apoyo o recomendación de funcionarios públicos, en donde el Ministerio Público (MP) realizó allanamientos el pasado mes de abril, por lo que la funcionaria recusó a jueza que auorizó las pesquisas, denuncias que fueron desestimadas.
Los magistrados Noé Adalberto Ventura Loyo, Elias Wilson y Mario Rojas, fueron quienes avalaron estas medidas en favor de la directora del IDV, pese a que Carrillo es investigada por el MP tras acusaciones en su contra.
La excandidata presidencial Sandra Torres, la excanciller Sandra Jovel y la directora de Comunicación Social del Congreso de la República Joselyne Mérida recurrieron a estas medidas en contra de periodistas.
