“En muchas nuevas poliarquías el particularismo está vigorosamente asentado en sus instituciones políticas formales”. Guillermo O’Donnell
Recientemente, la fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, realizó una conferencia en un hotel de la Antigua Guatemala, lugar en el que presentó su último informe de labores, en el marco de la culminación de un año más al frente de tal institución del Estado. En dicha presentación, la fiscal general volvió a referirse a unos supuestos logros institucionales que parecen verse muy bien en el papel, detallando por ejemplo que era una de las instituciones más auditadas del país: “Somos auditados por la Contraloría General de Cuentas. Somos auditados internacionalmente por un ente certificador de calidad”, mencionó en su parte medular la jefa del ente investigador de Guatemala. En la misma línea de argumentación, ya en otras ocasiones, Consuelo Porras ha mencionado que tiene índices de calidad y de eficiencia que ninguna otra administración había logrado en el pasado, incluyendo la capacidad de instalar fiscalías en todos los municipios, con una cobertura del 100% del territorio, lo cual supuestamente ha acercado al ciudadano la posibilidad de contar con una justicia pronta y expedita.
Para alguien que no conozca la realidad de Guatemala, tales declaraciones y datos podrían verse como un ejemplo de desarrollo institucional y de buen gobierno, debido a que aparentemente, Porras sería una de las mejores fiscales de todos los tiempos. Una mirada más atenta descubriría inconsistencias: por ejemplo, el índice de eficiencia que pregonan se basa en el número de casos que se presentan y el número que aparentemente se resuelven, con lo cual alcanzan un grado de eficiencia de más del 100% -lo que ciertamente significa que no solo “resuelven” los casos presentes, sino los que han sido presentados en el pasado-. Este dato, sin embargo, no considera que este grado de eficiencia no concluye en condenas ni en investigaciones, sino simplemente en desestimación de las denuncias, algo que se logra poniendo muchos obstáculos a los denunciantes para que ratifiquen o continúen con las demandas, lo cual termina convenciendo a los afectados que es una pérdida de tiempo. Otra estrategia es simplemente desestimar por falta de mérito, algo que ha ocurrido recientemente en casos de alto impacto tales como el juicio contra el ex ministro Alejandro Sinibaldi.
Al respecto, ya Octavio Paz nos había advertido que desde la época en la que se fundaron nuestros estados nación, la característica central de nuestros países era que habían elevado la ficción política a tal grado, que se habían consagrado en la misma constitución de nuestros países. “La mentira se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño ha sido incalculable y alcanza zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con naturalidad” afirmó Paz. Por su parte, el politólogo argentino Guillermo O`Donnell ya había advertido que la característica principal por medio de la cual operaba la mentira que mencionaba Paz era lo que el denominó la “otra institucionalidad”: no la que se rige por las leyes y normas escritas, sino la que opera bajo el amparo de las lealtades invisibles y relaciones de amistad, parentesco o compadrazgo, algo que en Guatemala se conoce como la lógica del “compadre hablado”. Desde esa perspectiva, Porras ha sido muy eficiente para operar como una amenaza real y permanente a las legítimas aspiraciones ciudadanas, logrando que sea la responsable de la mayor amenaza a la democracia desde que esta se instauró con la entrada en vigor de la Constitución de 1985, logro que le ha valido a la fiscal para ser vetada por más de treinta países del mundo.
Lamentablemente, nuestra institucionalidad está plagada de esta institucionalidad paralela que se basa en que la aplicación de las normas legales está reservada para los enemigos, no para los aliados. Justamente por eso, el informe de laboras de Consuelo Porras solamente nos recuerda que vivimos en medio de ficciones y mentiras largamente consolidadas; justo por eso, pocos ciudadanos confían realmente en el Estado y sus instituciones. Transformar esta matriz institucional paralela es por tanto, el auténtico desafío de Bernardo Arévalo.
