De conformidad con su mandato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anualmente analiza la situación de los derechos humanos de cada país de la región y cuando existen situaciones concretas que violentan sistemáticamente los derechos humanos o grave deterioro de la institucionalidad democrática, incluye a ese país en el Capítulo IV.B de su Informe Anual, con la finalidad de resaltar, llamar la atención y dar seguimiento a esos hechos que no están acordes con las disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José).
El Informe Anual 2023 de la CIDH, enlista a cuatro países en el Capítulo IV.B: Cuba, debido a “la situación de los derechos humanos en la isla y señala la falta de democracia representativa y la independencia judicial”. Venezuela, por “la grave crisis de derechos humanos, resultado de la ausencia del estado de derecho y el deterioro de la institucionalidad democrática”. Nicaragua, por “la grave crisis de derechos humanos en el país, caracterizada por el quebrantamiento del orden constitucional y democrático”. Guatemala, por la grave “intensificación de la persecución judicial y la criminalización de personas en el ámbito judicial ante el deterioro continuo en los derechos humanos y el Estado de derecho.”
¿Qué podrían tener en común esos cuatro países para que figuren en esa vergonzosa lista del Informe Anual Capítulo IV.B de la CIDH? De los hechos recogidos en el informe se pueden establecer una serie de circunstancias que tiene en común los cuatro países por ejemplo: la cooptación de la institucionalidad democrática, desviación de fines legítimos hacia otros intereses espurios para la concentración del poder; la cooptación de los Poderes Judiciales para evitar controles, no tener quien imponga límites y en garantía de impunidad; se hace uso de la represión y la venganza, para silenciar la voz crítica disidente, vista ésta como un obstáculo para mantenerse en el abuso del poder.
Esas situaciones, ejercidas desde los poderes públicos, convierten en grave la situación del país que atenta contra los derechos humanos de sus habitantes, porque el sistema no es democrático, republicano y no existe estado de Derecho.
Los gobiernos de Morales y Giammattei, lograron que Guatemala por tres años consecutivos fuera incluida en el Capítulo IV.B de los informes anuales de la Comisión Interamericana. Al analizar esos informes de país, en los que se comparte espacio junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, se puede fácilmente establecer la grave situación de los derechos humanos y sus responsables. Hay quienes descalifican dichos informes, pero está claro que los hechos ocurridos en Guatemala en los últimos años, han tenido graves consecuencias que comprometen la responsabilidad internacional del Estado, porque no son propios de un sistema democrático.
En el año 2021, la Comisión Interamericana incluyó a Guatemala en dicho capítulo porque constató “los graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción”, que han socavado “progresivamente el Estado de derecho” y constató la intensificación del hostigamiento y criminalización en contra de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas, injerencias en la independencia del Ministerio Público y Organismo Judicial que “afectaban gravemente el acceso a la justicia y la vigencia de los derechos humanos de la población guatemalteca”.
Para el año 2022, consecutivamente, la Comisión Interamericana incluyó al Estado de Guatemala en el referido Capítulo porque observó que se había agravado el combate de la impunidad y no se respetaba y garantizaba la independencia del Organismo Judicial, porque se intensificó la persecución judicial y criminalización de personas operadoras de justicia.
Destacándose que “observó que decenas de casos relacionados con justicia transicional o hechos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno registraron falta de avances o severos retrocesos”.
Y para el año 2023, la Comisión concluye nuevamente que los derechos humanos y el Estado de Derecho en Guatemala se agudizó “por el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público que socava y contraría el Estado de Derecho, lo que a su vez se refleja en el incumplimiento sistemático y prolongado del Estado con su obligación de combatir la impunidad.”
Como podemos darnos cuenta, en los últimos tres años el sistema de justicia de Guatemala ha sido el instrumento efectivo para destruir la institucionalidad democrática, porque algunos jueces y las Cortes de justicia han sido la herramienta perversa de intereses políticos, porque no frenaron las graves violaciones a los derechos humanos constatadas en los informes de país; sino al contrario, fueron el aval perfecto del abuso de poder.
Previamente a su presentación, los hallazgos fueron enviados al gobierno para que tuviera la oportunidad de contrargumentar. Sin embargo, las observaciones y comentarios daban más pena que convencimiento, porque por un lado descalifican a las víctimas y luego, mediante enredos jurídicos, intenta dar fundamento legal y constitucional a las graves situaciones denunciadas. De nada sirve una norma jurídica escrita perfecta, si en la práctica no se cumple con el objeto y fin legítimo de la misma.
En el Informe Anual 2023, Guatemala destacó por “el ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales” en los que fueron evidentes las “injerencias del Ministerio Público seriamente cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional, que pusieron en entredicho los resultados del proceso, socavando y contrariando el Estado de Derecho colocando en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos.” Concluye la CIDH que los problemas señalados en años anteriores se agudizaron “debido al ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público en el marco de las elecciones generales y mediante la continua criminalización y privación de la libertad de personas operadoras de justicia, defensoras de derechos y periodistas, extendiéndose ésta hacia funcionarios y funcionarias electorales, y otras personas que cumplen un rol relevante en la vida pública y contribuyen al pluralismo político en Guatemala.” Queda claro que la Fiscal General Consuelo Porras, ha sido la persona responsable de consumar esas acciones perversas, por lo existen elementos suficientes para iniciar procesos y deducir responsabilidades de toda naturaleza, contra los actores intelectuales y materiales de atentar contra el sistema democrático y de poner en grave riesgo el estado de Derecho en Guatemala.
En el informe Anual 2023, la Comisión observó con mucha preocupación “la persistencia de la criminalización de personas operadoras de justicia” en represalia por el trabajo desempeñado, haciéndose uso indebido del derecho penal bajo los siguientes patrones: “la naturaleza de los casos a su cargo, la presentación de un alto número de denuncias que son tramitadas con mayor celeridad, la dilación arbitraria de los procesos penales, la aplicación excesiva y arbitraria de la prisión preventiva, la solicitud de órdenes de captura internacional en contra de quienes se han visto forzadas a huir del país y otras afectaciones al derecho de defensa y a las garantías del debido proceso…” Es lamentable que el sistema de justicia sea el instrumento efectivo para desvirtuar los fines legítimos del Derecho Penal. Es lamentable decir que las cortes y tribunales de justicia en Guatemala, no han administrado justicia en estos casos, sino venganzas.
En su informe 2023 la CIDH resalta que “la Corte de Constitucionalidad tampoco habría cumplido con su mandato constitucional de contrapeso en la resolución de diferentes amparos que intentaron cuestionar el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público y las injerencias en el proceso electoral, profundizando con ello la inestabilidad política y democrática en Guatemala”. Esto evidencia la instrumentalización del sistema de justicia, la cooptación de los tribunales y cortes de justicia, para perseguir fines perversos y contra la democracia.
La libertad de prensa y los periodistas, han sido otro sector gravemente afectado por acciones espurias, políticas y de venganza, que durante el 2023 la Comisión Interamericana observó como “un notable deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala” debido a “la instrumentalización de los mecanismos penales como una forma de intimidación y silenciamiento de las voces críticas.” Esto permite afirmar una vez más que el sistema de justicia ha sido el aliado perfecto de aquellos que abusando del poder, se niegan a rendir cuentas y ser fiscalizados.
Finaliza la Comisión Interamericana su informe de Guatemala, con una serie de recomendaciones, entre las que destacan: que el Estado de Guatemala debe luchar contra la corrupción e impunidad, se debe fortalecer la justicia independiente e imparcial, se deben implementar mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte el funcionamiento del sistema de administración de justicia y el Estado de Derecho, se deben adoptar las medidas para garantizar que los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente, en respeto al principio de separación de los poderes y libres de toda amenaza o presión, actos de intimidación y hostigamientos, debiéndose investigar a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente; se debe cesar la privación de la libertad como forma de represalia en contra de las personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas que cumplen un rol relevante en el combate a la impunidad y la corrupción.
Encontrándonos en Guatemala con un nuevo gobierno, totalmente distinto a los dos gobiernos anteriores responsables de colocar al país en el Capítulo IV.B del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes también desde el momento de su elección en las urnas han sido atacados por el sistema perverso que se niega a desaparecer, le corresponde al gobierno actual, hacer esfuerzos gigantescos para evitar que el país continue en esa penosa lista, donde sistemáticamente se violan los derechos humanos y se atenta contra la institucionalidad democrática del país.
