En octubre de 2018, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval había concluído la investigación del caso por los posibles delitos de Financiamiento Electoral Ilícito contra el partido Unidad Nacional de la Esperanza -UNE, del que Sandra Torres Casanova –la actual candidata presidencial que aspira a gobernar Guatemala durante los próximos cuatro años- era secretaria general.
La fiscal general Consuelo Porras advirtió entonces al agente fiscal Andrei González, quien tenía a su cargo esa investigación, que tendría que esperar a que su colega Rafael Curruchiche Cucul revelara los casos contra otros partidos políticos «para desvirtuar los señalamientos de persecución selectiva».
En aquel momento Curruchiche era agente fiscal de la Fiscalía Contra Delitos Electorales. Sus acciones desde entonces hasta ahora lo posicionan como el alfil de la fiscal general Porras -aunque no fuese notorio en esa época- para acelerar, frenar o encausar investigaciones.
En esa ocasión, Porras emitió un comunicado en el que aseguró que “el Ministerio Público (MP) es una institución objetiva, imparcial y sin ningún sesgo” y aseguró que el retraso fue por un proceso de análisis. Como publicó Prensa Libre sobre la repuesta de Consuelo Porras a los señalamientos del exfiscal Andrei González.
Sin embargo, según la fiscal general y su secretario, en ese entonces Julio Cordón, no actuarían en contra de candidatos hasta el 4 de febrero de 2019, por razones de política criminal. Fue una promesa incumplida. La fiscalía abrió un antejuicio en contra del presidenciable del Partido Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar.
Según una denuncia interpuesta ante el MP, por Andrei González fiscal, hoy en el exilio y quien estuvo a cargo del caso de posible financiamiento ilícito del partido UNE, la disposición de frenar cualquier caso contra candidatos hasta las elecciones de 2019, fue informada de forma verbal por el exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público. La investigación contra Sandra Torres y el resto de implicados señalados de financiamiento ilegal de la campaña de la UNE permaneció detenida casi cuatro meses.
Cuando Cordón y Porras dieron el visto bueno para emprender las acciones legales por el caso de la UNE el 4 de octubre de 2019, Sandra Torres ya gozaba de inmunidad por su candidatura a la presidencia. Según el exfiscal González, esto evitó que se girara una orden de captura en contra de Torres, como procedía. Por esta razón decidió poner una denuncia en el mismo Ministerio Público.
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, al ser consultado sobre este caso, considera que el papel de la fiscal general Consuelo Porras fue fundamental para impedir la presentación del caso por el presunto financiamiento electoral ilícito de la UNE en octubre de 2018, meses antes de que iniciara el proceso electoral de 2019. En la práctica, esto posibilitó a Torres participar ese año como candidata a la Presidencia por segunda vez en esas elecciones.
Además, Sandoval dijo que bajo el mando de Consuelo Porras se garantizó impunidad a Sandra Torres. El ex fiscal, ahora también en el exilio, aseveró incluso que los fiscales que quedaron a cargo no cumplieron con su deber porque no apelaron un fallo judicial, emitido por la jueza Claudette Domínguez en 2022, con el que cerraron el proceso contra la candidata. Gracias a éste, el Tribunal Supremo Electoral le permitió participar en las elecciones de 2023.
El caso, según Sandoval que lo conoció bien porque era el director de la FECI, está sustentado en interceptaciones telefónicas, análisis financieros que permitieron identificar la trazabilidad del dinero, declaraciones testimoniales y otros indicios, que provenían de una investigación anterior por presuntos pagos de sobornos a exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a cambio de la agilización de la devolución del crédito fiscal a empresarios.
Asimismo, el exfiscal Sandoval explicó que el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra La Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ejecuta las instrucciones de la fiscal general Consuelo Porras porque el Ministerio Público es una institución jerárquica. Tanto la jefa del MP como el jefe de la FECI fueron señalados por el Departamento de Estado de los EEUU dentro de la Lista Engel de actores corruptos en Centroamérica.
La mencionada denuncia que interpuso el fiscal González contra la decisión de congelar el caso que involucraba a la UNE y a su candidata Torres, fue archivada en 2020 porque el mismo Ministerio Público consideró que, como Fiscal General, Porras gozaba de inmunidad y no podía ser investigada. Sin embargo, el puesto de secretario no posee inmunidad por lo que la querella contra Julio Cordón debía seguir su curso. No obstante, la Fiscalía de Asuntos Internos notificó al fiscal González que la misma sería archivada porque Porras estaba investida de antejuicio.
Según un comunicado de prensa de González de octubre de 2019, la fiscal general quiso parecer «imparcial», pero sus acciones en la práctica protegieron a Sandra Torres.
González se fue de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en 2019. Dijo que no podía continuar en la institución porque la fiscal general Consuelo Porras era cómplice de grupos de poder detectados por la administración anterior del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una comisión especial contra la corrupción y otros delitos, creada por un acuerdo del gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas a fines de 2006.
Con la salida de González y la expulsión de la CICIG en septiembre de 2019, comenzó el desmantelamiento de esta fiscalía. Juan Francisco Sandoval, jefe de FECI en ese momento, salió al exilio dos años después. La fiscal Porras nombró a Curruchiche al frente de la FECI. La persecución penal y política contra fiscales anticorrupción apenas comenzaba.
Sandoval cree que la investigación por el financiamiento de la UNE fue una de las razones del desmantelamiento de la FECI. Sin embargo, dice, hubo otros factores, como la reacción de las élites empresariales, cuyos actos de corrupción quedaron al descubierto por las investigaciones judiciales y de políticos como el expresidente Jimmy Morales, cuyos familiares también fueron objeto de estas investigaciones de la justicia.
Tercera candidatura de Torres
Hoy a las puertas de la elección presidencial de 2023, Curruchiche vuelve a jugar un papel clave en proteger a Torres y, esta vez, además, atacar al partido opositor. Hasta antes de que el Movimiento Semilla obtuviera el segundo lugar en la primera ronda de las elecciones presidenciales, la investigación judicial por una firma falsa en los listados de afiliación para constituir el partido estaba inactiva, según dijeron miembros del propio partido que habían hecho la denuncia de esta presunta falsedad. No obstante, al conocerse los resultados oficiales de la primera vuelta, el Ministerio Público reinició acciones en contra de los miembros del partido Semilla y de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Guatemala llega a este proceso electoral en medio de una regresión autoritaria, con la cooptación del Estado y persecución penal de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos. A partir de la primera vuelta electoral el 25 de junio, las cortes y el Ministerio Público intervinieron en el proceso electoral, en una movida calificada por organismos internacionales y de DDHH como un “golpe técnico al proceso” como lo denunció Latin America Working Group LAWG en un comunicado el 13 de julio 2023.
La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó como inaceptable la injerencia y ataques de otros poderes del Estado en el proceso electoral guatemalteco.
Por su lado, Sandra Torres ha declarado su respaldo a la actual fiscal general y se ha desentendido de la crisis política generada por las intervenciones de la Fiscalía en el proceso electoral. Torres en sus declaraciones, se suma a las acusaciones del Ministerio Público y señala a Movimiento Semilla de corrupción y fraude: mientras ataca a su oponente con desinformaciones.
Pruebas contundentes que Torres pretende desvirtuar
La investigación por posible financiamiento electoral ilícito de la UNE contaba con escuchas telefónicas, análisis financieros, declaraciones testimoniales y otros elementos con los que el MP buscaba acreditar la responsabilidad penal de Gustavo Alejos, Sandra Torres y otros 23 señalados en el caso.
Lo que se ha revelado hasta ahora es que Gustavo Alejos, un empresario dedicado principalmente al comercio de medicamentos, dueño de la farmacéutica Colón S.A., fue representante de J.I.Cohen, intermediaria de farmacéuticas internacionales como Roche. Alejos también ha incursionado en el sector de los constructores, particularmente a la empresa 4 Carriles, S. A., la cual ha obtenido millonarios contratos con el Estado.
Además, Alejos fungió como secretario privado de la presidencia de Álvaro Colom, en ese entonces esposo de Sandra Torres, quien llegó al poder con el Partido UNE. En 2015 Colom fue vinculado al primer caso de corrupción que pesa en su contra.
En 2015 el MP y la CICIG presentaron el caso “Negociantes de la Salud”, sobre una estructura que pactaba a qué empresas comprar para evitar los controles, la competencia leal para proveer al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la transparencia en los procesos. A este caso estaba vinculado Alejos y aunque en ese momento parecía un caso aislado, con los años, el Ministerio Público fue identificando al exsecretario privado de la presidencia como uno de los asiduos presuntos aliados de estructuras de corrupción.
Alejos también fue vinculado a varios otros procesos que llevaba la justicia en esa época, como los casos Transurbano, Financiamiento ilícito a la UNE, Cooptación del Estado, Red de poder, corrupción y lavado, un proceso por evasión y estaba siendo investigado por Comisiones paralelas 2021.
Los múltiples procesos coincidieron en señalar a Alejos, por su presunto cobro millonario de sobornos a cambio de “favores” en entidades del Estado, financiamiento posiblemente ilícito de al menos tres partidos políticos, adjudicaciones irregulares de contratos, evadir la custodia penitenciaria y ser parte de un esquema paralelo para la elección de magistrados de las altas cortes del país.
La FECI había presentado la declaración del empresario Per Michael Erichsen Rydhanger, de la farmacéutica Unipharm, la copia de un cheque y escuchas que vinculan a Torres como la organizadora del andamiaje para financiar su campaña de 2015 de forma ilegal.
Erichsen declaró en el proceso por financiamiento electoral ilícito ante la jueza Cluadette Domínguez, que él se reunió con Sandra Torres y giró un cheque por Q250 mil a nombre de Byron Argueta, persona vinculada a una empresa de publicidad que trabajaba para la campaña de la UNE. La Fiscalía presentó ante la jueza Domínguez el cheque, las escuchas telefónicas y la declaración del representante de Unipharm.
En una de las escuchas telefónicas del 5 de mayo de 2015, un hombre que según los investigadores sería Gustavo Alejos le recrimina en broma a una mujer, que identificaron como la candidata Torres, que lo tiene trabajando duro y le pide autorización para solicitar fondos a un empresario al que se refieren como ‘el tocayo’.
En esa misma escucha, la mujer, presumiblemente Torres, se refiere al otro como ‘Gustavito’, y le dice que es bueno que comiencen a «cobrar porque necesitamos pisto» e incluso le solicita informes sobre las reuniones que su vicepresidenciable en ese entonces, Mario Leal Castillo, sostenía en las giras departamentales.
En otra de las sesiones de interceptación, esta del 29 de abril de 2015, el hombre (identificado como Alejos) le informa a la mujer (Torres) que ‘Moncho’ le entregará Q400 mil en la visita y que el constructor Gabriel Guerra iba a entregar Q40 millones. Posteriormente los investigadores aseguraron que ‘Moncho’ era Ramón Campollo Codina, un empresario del sector eléctrico nacional y que en 2022 fue sancionado por Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático.
Campollo Codina también fue identificado como uno de los empresarios que habría presuntamente defraudado al fisco a través de la creación de sociedades en jurisdicciones opacas creadas por el bufete Mossack Fonseca, de acuerdo con la investigación de Panamá Papers y Paradise Papers.
Llama la atención que Torres no se opusiera a recibir financiación de Guerra para su campaña, pues este constructor también financiaba a su oponente, Manuel Baldizón. De los audios también se desprendería que la candidata conversó con Alejos acerca de no decirle nada a su competidor Baldizón, si Guerra les daba el dinero que les ofreció.
Manuel Baldizón Méndez, principal dirigente del extinto partido Líder y dos veces candidato presidencial, fue detenido en enero de 2018 en Estados Unidos. Se libró en ese momento de la acusación de corrupción en el caso Odebrecht, pero luego fue procesado, se declaró culpable y condenado por lavado de dinero del narcotráfico a cuatro años de cárcel. Tras salir de prisión en Estados Unidos fue deportado a Guatemala en octubre de 2022.
Posterior a los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 25 de junio de 2023, el partido de Baldizón y el de Sandra Torres se aliaron junto con otras siete agrupaciones para intentar deslegitimar los resultados de la primera vuelta electoral. Juntos presentaron acciones constitucionales de amparo y otros recursos legales con la pretensión de crear un proceso paralelo de reconteo de votos. Con ese amparo consiguieron retrasar la oficialización de los resultados, impidiendo que el partido Movimiento Semilla pudiera iniciar campaña. En esa ventana de tiempo, la FECI, encabezada por el fiscal Curruchiche, presentó el caso contra esta agrupación política por la firma fraudulenta en la constitución del partido.
Torres viene negando sus vínculos con Alejos desde 2015 y en la actual campaña política volvió a negarlos en una entrevista en Estados Unidos con el periodista Gustau Alegret.
«Ni es socio, ¿socio de qué? Él (Alejos) fue funcionario y secretario privado de Álvaro Colom», dijo Torres en la entrevista. Además, cuando Alegret le repreguntó a Torres si Alejos no recibía fondos para su campaña de 2015, la presidenciable aseguró que «no, es parte de la gran mentira que a mí me montaron».
En julio de 2015, Sandra Torres ya había negado en una entrevista con Publinews tener vínculos con Alejos, luego de que la CICIG presentara un informe sobre financistas corruptos, pese a que solo un par de meses antes sostenía comunicaciones continuas con el exsecretario privado del entonces presidente Colom, según revelan los audios de sus conversaciones.
En esa misma entrevista, Torres especificó que «las tres personas -Alejos incluido- que menciona el informe ya no están en el partido, inicié la depuración de la UNE desde 2012».
En 2019 Torres dio otra entrevista a Guatevisión para desvincularse de Alejos y del audio en el que ella se mostraba sorprendida por el ofrecimiento del constructor Gabriel Guerra, quien ofreció dar Q40 millones para la campaña de la UNE.
Según Torres, “(Alejos) quería apoyar, por eso lo estaba escuchando”, pero ese dinero nunca llegó a la campaña, pese a que la FECI documentó que el hijo de Alejos, Andrés Alejos Jansa, aportó Q500 mil a la empresa Maariv, que era utilizada para canalizar los fondos de campaña con la finalidad de ocultar el financiamiento.
Para la actual contienda electoral, Torres se desmarca de Alejos aduciendo que “la responsabilidad penal es individual, fue parte del gobierno del presidente Colom (…), pero él nunca fue parte del partido”, negando que Alejos fuera uno de los recaudadores de fondos de manera ilícita durante la campaña de 2015 de la UNE. La FECI logró obtener esta información luego de las escuchas realizadas el teléfono celular de Alejos en la investigación de otro caso de corrupción “Negociantes de la Salud”.
Gustavo Alejos, el doble agente que ayudaba a Sandra Torres
Siendo secretario Privado de la Presidencia de Álvaro Colom, Gustavo Alejos se encontró en medio de una pelea entre el presidente Colom y su exesposa Sandra Torres, la futura candidata del partido UNE.
Torres, en una rueda de prensa ofrecida en marzo de 2011, anunció su divorcio «para casarse con el pueblo» y así poder optar a la presidencia de la República de la mano de la UNE, dando la apariencia de que la separación con el mandatario se debía a resolver el vacío legal que le permitiera participar como candidata.
Sin embargo, gracias a la intervención del teléfono de en una de las investigaciones de la FECI, quedó en evidencia que existían serios conflictos entre Colom y Torres. A tal punto que el expresidente y exesposo de la candidata la denunció públicamente durante la campaña electoral de 2015.
Uno de los momentos públicos más álgidos fue cuando Colom señaló a Torres de convertir a la UNE en el Partido Patriota (PP). «Convirtió las manos de solidaridad en puños de pelea y le cambió el color verde del partido a color primario naranja», le dijo Colom a Alejos en una llamada telefónica que fue intervenida por la FECI y donde el expresidente le informa que eso había declarado en una rueda de prensa ese mismo día.
Además, en los audios se escucha como Alejos daba la razón a Torres y a Colom por separado, sirviendo como confidente y agente de ambos.
Cuando Alejos hablaba con Colom le decía “ella se baboseó (…) yo se lo dije, piénselo, pero no me hizo caso”, pero en una llamada con Sandra Torres, horas más tarde, Alejos indicó “Sandrita ya vio lo que nos hizo este hombre (…) me preocupa que tiene una foto con una manta que dice Sandra asesina (…) voy a ir a hablarle que qué le pasa”.
