Preocupación en el Parlamento Europeo por deterioro del Estado de Derecho tras acciones de CSJ y Porras

Foto: Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo expresó su preocupación ante el deterioro del Estado de derecho en Guatemala, asimismo, condenó la criminalización y el acoso contra defensores de los derechos humanos y periodistas.

La Cámara criticó las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal General, Consuelo Porras contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan o persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado y a propietarios de empresas.

Los diputados europeos denunciaron la criminalización, detención y descrédito de los medios de comunicación, las amenazas y los actos de acoso contra los operadores de la justicia implicados en el enjuiciamiento de casos de corrupción y la lucha contra la impunidad, así como contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas.

«La Guatemala de Alejandro Giammattei baja por la cuesta a lomos de la corrupción e impunidad. Cerca de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza, demasiada gente en Guatemala ya tiene muy poco que perder, por eso los esfuerzos deben centrarse en restaurar la democracia, acabar con la injusticia y la miseria», dijo una parlamentaria europea.

Por tal razón, recomendaron a las autoridades guatemaltecas «poner fin a estas acciones, defender el Estado de Derecho y garantizar el pleno respeto de la independencia de los poderes como elementos clave en la lucha contra la impunidad y la corrupción».

También, investigar las amenazas, los actos de acoso y las campañas de estigmatización contra funcionarios de justicia y la sociedad civil, y tomar medidas para garantizar la seguridad y la integridad de los jueces, los fiscales, los abogados, los activistas y de los detenidos.

Asimismo, indicaron que la selección y nombramiento de jueces debe ser transparente y basado en méritos y reclama la derogación de leyes como la de ONG que entró en vigencia en febrero y que pone en riesgo la protección de los defensores de los derechos humanos y refuerza la impunidad.