En Guatemala durante años hemos visto esfuerzos de diversos sectores para lograr acuerdos, propuestas, planes, diagnósticos, todo en aras de romper el círculo de la profunda inequidad en el país. Los mismos van dirigidos a propiciar la inversión en desarrollo humano, especialmente en gasto social como: salud, educación y vivienda. Estos van desde los acuerdos de paz suscritos en 1996 hasta el K´atun 2032, lo que implica que hoy día debiéramos tener un Estado robusto y garante, pero contrario a ello, este se encuentra en débiles condiciones de respuesta frente a la pandemia provocada por el COVID-19. Obviamente no ha sido por falta de propuestas; tampoco carencia de recursos, sino más bien que estos compromisos asumidos han sido letra muerta o no se han implementado en su totalidad, y los intentos por hacerlo han estado teñidos de corrupción e incapacidad de quienes han tenido en sus manos la posibilidad de darles vida a esas políticas públicas.
Si bien hoy nos parece remoto hablar de los acuerdos de paz, estos en su integralidad constituyeron compromisos que iban más allá de los gobiernos, eran propuestas de desarrollo humano que, de haberse concretizado en cada gobierno de turno a la actualidad, hoy no se hubiera encontrado un sistema de salud tan diezmado y desestructurado.
En cada uno de dichos acuerdos siempre enfatizan la necesidad de erradicar la desigualdad mediante inversión social con metas, cifras y plazos. A manera de ejemplo, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, entre otros temas enfatizaba la mejora de estos satisfactores sociales, y para ello la subida del producto interno bruto (PIB). El mismo expresa: “el Gobierno se compromete a adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del producto interno bruto (PIB) a una tasa no menor del 6% anual, que permita una política social avanzada, cuyo objetivo sea el bienestar de todos los guatemaltecos, con prioridad en la salud, nutrición, educación y capacitación, vivienda, saneamiento ambiental y acceso al empleo productivo e ingresos dignos”.
En este mismo acuerdo se hace hincapié en el tema salud que hoy nos ocupa:
“…. Impulsar una reforma del sector nacional de salud orientada hacia el efectivo ejercicio por la población del derecho fundamental a la salud, sin discriminación alguna y al efectivo desempeño por el Estado dotado de los recursos necesarios, de su obligación sobre salud y asistencia social.”.
Entre los lineamientos de dicha reforma están los siguientes: “… Basarse en una concepción integral de la salud (prevención, promoción, recuperación y rehabilitación), una práctica humanista y solidaria que enfatice el espíritu de servicio, aplicado a todos los niveles del sector público de salud del país. Sistema nacional coordinado de salud. Es atribución del Ministerio de Salud la formulación de políticas que permitan el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud. Bajo la coordinación del Ministerio de Salud, concertar con instituciones públicas, incluyendo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), privadas y no gubernamentales que intervienen en este sector, la puesta en práctica de las acciones que permitan universalizar el acceso de toda la población guatemalteca a los servicios integrales de salud.”.
“Crear las condiciones para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad a la población de bajos recursos. El Gobierno se compromete a aumentar los recursos destinados a la salud. Como mínimo, el Gobierno se propone que el gasto público ejecutado en salud en relación al PIB, para el año 2000, sea incrementado en 50% respecto del gasto ejecutado en 1995. Esta meta será revisada al alza en función de la evolución de la situación fiscal. Prioridades de atención. Dar prioridad a la lucha contra la desnutrición, al saneamiento ambiental, la salud preventiva, las soluciones de atención primaria, especialmente la materno-infantil.”.
“El Gobierno se compromete a presupuestar por lo menos 50% del gasto público en salud a la atención preventiva, y se compromete a reducir la mortalidad infantil y materna, antes del año 2000, a un 5O% del índice observado en 1995. Asimismo, el Gobierno se compromete a mantener la certificación de erradicación de la poliomielitis y alcanzar la del sarampión para el año 2000. Medicamentos, equipos e insumos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social revisará las normas y prácticas vigentes en materia de producción y comercialización de medicamentos, equipos e insumos y promoverá las medidas que aseguren el abastecimiento, abaratamiento y calidad de los mismos. Para el caso de los medicamentos básicos o genéricos de mayor demanda en el sector público, se estudiarán y aplicarán modalidades de compra que aseguren transparencia en la negociación comercial, calidad y bajo precio de los medicamentos para garantizar la prestación eficiente de servicios…”.
También se aborda el tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para ampliar cobertura, mejorar prestaciones, ampliar servicios, garantizar gestión administrativa plenamente autónoma en coordinación con las instituciones de salud; fortalecer y garantizar los principios de eficiencia, universalidad, unidad y obligatoriedad; fortalecer la solvencia financiera del Instituto mediante un sistema de control tripartito de contribuciones; hacer efectiva la inserción del IGSS en el sistema coordinado de salud, así como crear condiciones que faciliten la incorporación plena de todos los trabajadores a la seguridad social.
¿Qué pasó con estos compromisos?
La desnutrición infantil se ha incrementado; de acuerdo a datos de UNICEF uno de cada dos niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica, esto significa 49.8% de la niñez. Los pocos proyectos de saneamiento ambiental se corrompieron, no hay inversión en salud preventiva, el acceso a medicamentos se tornó en un negocio multimillonario, la opacidad en compra de bienes e insumos hace que hoy día no haya suficientes camas y respiradores. La cobertura en sistema de seguridad social se ha reducido como consecuencia del crecimiento de la economía informal, y el sistema tripartito no funciona porque el Estado como tal continúa sin dar su aporte. ¿Y qué decir del presupuesto de salud y las metas acordadas? La inversión social en general se ha reducido en los últimos 4 años, en tanto los gastos de funcionamiento se han elevado. Se entiende que es necesaria la contratación de personal, pero hasta este tema se ha ido distorsionando a falta de una verdadera Ley de Servicio Civil que nos dé certeza que ese gasto es efectivo, y el personal existe y es el idóneo para el puesto.
La grafica siguiente nos ejemplifica las prioridades de país: en estos 4 años la inversión social ha sido de Q61,079 millones frente a Q207,744 millones en funcionamiento y el resto para pago de la deuda.
Hoy tenemos el resultado de años de improvisación y saqueo a las arcas del erario nacional, y si bien esta devastación lleva décadas de profunda irresponsabilidad, toca hoy con un alto presupuesto de más de Q.107 mil millones, dar respuesta a una sociedad que como nunca antes requiere el apoyo del Estado a través del gobierno, y agilizar compras ingentes para salvar vidas. Al día de hoy (24 de junio) se contabilizan 14,819 guatemaltecos afectados por la pandemia del COVID-19, dato del cual no hay certeza. La lección debe ser aprendida y dejar de ver en la calamidad una oportunidad de aprovechamiento como ha estado ocurriendo con compras sobrevaloradas de medicamentos e insumos.
Corresponde entonces con urgencia retomar políticas públicas para aminorar el fuerte impacto de la pandemia y estrechar el crecimiento de la brecha de la pobreza (59.29%) y pobreza extrema (23.4%); y mantener controlada la prestación de servicios básicos que satisfagan necesidades mínimas, especialmente para la población más vulnerable, readecuando los programas sociales para garantizar la alimentación, salud, educación y el ingreso.