En 1788, al tratar del poder judicial, Alexander Hamilton, escribió que: «Quien considere con atención los distintos departamentos del poder, percibirá que en un gobierno en que se encuentren separados, el judicial, debido a la naturaleza de sus funciones, será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor grado que los otros poderes.». (El Federalista, LXXVIII, trad. Gustavo R. Velasco, Fondo de Cultura Económica, México 1943, páginas 330-331). Hoy, dos siglos después, cabe inquirir si en Guatemala el poder judicial «es el menos peligroso».
Visto desde la perspectiva del Derecho Comparado, Fernando Barrientos del Monte [El (anti)democrático Poder Judicial. El Nacional. junio 28, 2023], politólogo y profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política, por la Universidad de Florencia, refiriéndose al caso de México —vierte algunas útiles y valiosas consideraciones que me parecen aplicables a la situación que desde hace ya casi cuatro años vive nuestro país por la reticencia, incuria, negligencia y ambición de los diputados al Congreso de la República para cumplir con su obligación de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.
El autor afirma desde el inicio: «¿Es el Poder Judicial el antídoto contra la tiranía de las mayorías o un obstáculo para la democracia?». Y se responde diciendo que: «En los últimos años en América Latina se ha asistido a un lento y a veces inadvertido proceso de control ilegítimo de las cortes supremas por parte de los presidentes, como sucedió en Venezuela, El Salvador y en Nicaragua, o reformas institucionales que facilitan la designación de jueces leales al presidente en turno como sucedió en Bolivia y en Ecuador. Lo más preocupante es que las estrategias para deslegitimar y someter al Poder Judicial se hacen en nombre de la democracia.». Nuestro caso agrega a este elenco de subterfugios uno nuevo, cual es, consolidar el poder del poder judicial perpetuándolo a los magistrados en el ejercicio de sus cargos; léase mediante una mutación constitucional.
Continúa diciendo que: «Pocas veces se cuestiona la función del Poder Judicial y se ponen en duda sus facultades y legitimidad. Por ello, es necesario entender que el Poder Judicial desempeña un papel político dentro del Estado y no solo es intérprete de la ley. A diferencia de los legisladores u otras figuras políticas que deben justificar frente a la ciudadanía sus acciones y sus propuestas para ser votados, los miembros de los Poderes Judiciales trabajan en la opacidad. No se accede a las instituciones de justicia, salvo procedimientos que, por lo general, la ciudadanía desconoce; mantienen un sistema de acceso a la carrera judicial sumamente discrecional y sus miembros gozan de privilegios salariales; su lenguaje es criptográfico e ininteligible; sus acciones son difíciles de observar porque carecen de la fuerza del poder político. Si a estas consideraciones les sumamos que en América Latina en general, […], una de las principales demandas sociales es la justa impartición de justicia, pronta y expedita, y que precisamente se carece de ello en grandes proporciones, se entiende por qué tiende a ser fácil deslegitimar a este poder con cualquier argumento por muy inverosímil que suene. Pero estas consideraciones sobre el desconocimiento de su funcionamiento o la corrupción que pueden existir en su interior no deben ser la bandera para deslegitimar su función, porque esta misma tara aplicaría a cualquier institución política. Hace casi dos siglos, Alexis de Tocqueville señalaba que el problema de las democracias era que podían caer en la tiranía de las mayorías, una fuerza incontrolable que puede ir en contra de sus propios derechos. De allí, la necesidad del poder judicial independiente y autónomo que obtiene su legitimidad del prestigio de sus miembros y de sus decisiones fundadas en razonamientos apegados a principios, reglas y leyes.» Muy lejos está hoy nuestro país de colmar el estándar trazado por Tocqueville y muy grande es el riesgo que caigamos en lo que se denominado la «dictadura de los jueces».
Barrientos del Monte observa también que: «Las democracias requieren que sus élites políticas y ciudadanía tengan comportamientos que reflejen su compromiso con la democracia. Ante los procesos de erosión democrática, las supremas cortes de justicia y sus facultades como el control constitucional de las leyes son un medio para evitar este deterioro, por lo cual, más allá de las personas, deben ser defendidas de los embates autoritarios».
El problema fundamental hoy en día radica en que las élites políticas carecen de compromiso alguno con la democracia y esto ha dotado a los actuales magistrados de una enorme cuota de poder político, inédita en nuestra historia. Han desplazado al Ejecutivo puesto que éste es quien primero necesita de sus favores para mantener su impunidad y otro tanto ocurre con los diputados al Congreso de la República, que también los necesitan por el mismo motivo. Visto hacia el futuro, lo más grave del problema es que sean los actuales diputados (próximos a entregar su mandato) quienes, como acto de su última voluntad, elijan a algunos de los magistrados que en su oportunidad fueron objetados, con lo cual se acrecentará aún más la deslegitimación del Poder Judicial y el consiguiente problema de ingobernabilidad que ello acarreará para quien sea el gane el balotaje. “¡Que Dios nos agarre confesados!”, como decía un ex Presidente de la CSJ.
