Pese a estar sancionada por el Departamento de Estado, Vitalina Orellana no será investigada por el caso Comisiones Paralelas 2020

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La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la resolución que rechazó el antejuicio presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vitalina Orellana.

Con esta resolución, la magistrada también incluida en la Lista Engel, no podrá ser investigada en el caso Comisiones Paralelas 2020 como buscaba el Ministerio Público (MP).

A criterio de la FECI, en el expediente de antejuicio incorporaron suficientes indicios que permiten iniciar una investigación y determinar si la magistrada participó en la presunta manipulación de la elección de las altas cortes. 

“La autoridad reprochada (CSJ) se excedió en el ejercicio de sus funciones, pues resolvió con base en hechos que pueden dilucidar en diligencias posteriores, con lo que se atribuyó funciones que corresponden al Pleno del Congreso de la República de Guatemala”, indicó el MP. 

Sin embargo, en el antejuicio del diputado Carlos Mencos, donde llamó la atención a la CSJ por rechazar el antejuicio y valorar prueba, la CC estuvo de acuerdo con el fallo que impidió tramitar la denuncia contra Orellana. 

“La autoridad cuestionada, al emitir el acto reclamado, cumplió con efectuar un examen detenido respecto a cada uno de los medios de investigación en que se apoyó la denuncia presentada por el MP”, señaló la CC. 

La semana pasada, la magistrada Orellana fue incluida en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado los Estados Unidos. 

Otros magistrados y operadores de justicia vinculados en el caso que fueron beneficiados son Silvia Valdés, Nery Medina, Josué Felipe Baquiax, Néster Vásquez y Ranulfo Rojas no serán investigados por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita. 

Según la FECI, en el proceso de selección de la CSJ y Salas de Apelaciones no se investigaron los méritos de los candidatos ni hubo claridad sobre parámetros de evaluación sino excesiva discrecionalidad y no existió la debida investigación de las tachas presentadas contra los aspirantes.