El Tribunal de Mayor Riesgo B emitió sentencia este miércoles por el caso emblemático de defraudación aduanera en el país denominado “La Línea”, en el que declaró culpable al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti de los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera.
Sin embargo, Pérez Molina y Baldetti fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito, pese a no existir informes bancarios en el país y en el extranjero. Esta resolución se emitió ante la falta de pruebas de investigación del Ministerio Público (MP), indicó la jueza Marling González.
“¡Mentira, es una mentira!, no lo hice”, dijo el exmandatario durante un receso otorgado por el Tribunal luego de acusarlo de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera. Y agregó que entiende esa resolución del Tribunal porque es un caso muy grande y no tuvieron el tiempo para escuchar todas las llamadas presentadas como medio de prueba y para leer los documentos, “y lo que hicieron fue basarse en hablar de terceras personas que me mencionaban, en 22 llamadas”.
Luego, mencionó que no dicen su nombre, solo hablan del Número 1 y dueño de la finca, pero nadie dijo que él dio una orden ilegal, “y nunca la di”, argumentó. Además, señaló que Juan Carlos Monzón y Salvador González nunca dijeron que les dio una orden ilegal y que le entregaron dinero o cierta cantidad, por ello, no hay pruebas del delito de Enriquecimiento ilícito, sin embargo, se encuentra decepcionado y frustrado después de siete años que ha esperado esta resolución y escuchar una sentencia diferente a la que esperaba.
Por el delito de casos especiales de defraudación aduanera, las togadas decidieron no juzgar a los señalados por los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo.
Durante el desarrollo de la audiencia, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Jeannette Valdés cuestionó el trabajo de la Fiscal General del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras por haber “dejado a medias” el caso La Línea y cambiar procedimientos que pudieron afectar la pesquisa.
Por ello, exhortó a Porras que tome este caso como ejemplo para mejorar el trabajo del ente investigador, pues hubo deficiencias en los fiscales que envió a las audiencias, quienes perdieron la dinámica de los “buenos fiscales”.
El caso La Línea develado en abril de 2015 por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se basó en la aplicación del método de interceptación de llamadas telefónicas, por medio de las cuales, se acreditó la participación de algunas personas en la estructura de defraudación aduanera. Por ello, la jueza Valdés señaló que el Presidente (Otto Pérez Molina), no podía llamar para hacer propuestas ilegales.
Respecto al resto de los implicados en el caso, fueron absueltos del delito de asociación ilícita los exintendentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Omar Franco y Carlos Muñoz, así como el exsecretario general del sindicato de la SAT, Anthony Segura Franco.
Por el mismo delito fueron absueltos el exgerente de Recursos Humanos Sebastián Herrera Cabrera y el extécnico aduanero José Rolando Gil Monterroso, así como el supuesto enlace entre las dos estructuras Giovanni Marroquín Navas. Mientras que los extécnicos aduaneros Carlos Ixtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso fueron declarados culpables al igual que el exintegrante de la estructura externa media, Osama Ezzat Azziz Aranki.
