Escuché a la presidente del anteriormente ejemplar Tribunal Supremo Electoral, decir con mucha elocuencia, que quienes se oponen a la compra del sistema biométrico para identificar votantes, no quieren que el sistema electoral se innove. Afirmación muy desafortunada, al igual que otras justificaciones expresadas.
Que siempre existirá un sistema mejor es un principio de administración, nadie lo puede negar y el miedo a los cambios no es bueno. Pero para todo hay un tiempo y lo que el TSE parece no comprender, es que este no es tiempo para innovar el sistema electoral. A ocho meses de las elecciones, innovar solo puede ser un suicidio para la “supuesta democracia” y más aún para quienes integran el alto tribunal.
Uno busca como se podría hacer viable ese sistema, pero no hay por dónde. Empecemos porque no existen varios oferentes y uno solo huele mal; si el trámite de la compra se hace a toda máquina, salvo un gato encerrado, los equipos llegarían a mediados o finales de enero, es decir unos cinco meses antes de la elección. Equipos tan sofisticados, no se instalarán en todo el territorio nacional en menos de tres meses, ocasión en la cual podrían ser probados. Pero antes, hay que comprobar que en los sitios en que se instalarán las mesas electorales existe adecuado y suficiente servicio eléctrico, de internet y de seguridad, cosa muy, pero muy dudosa. Luego hay que contratar y entrenar al personal que se encargará de hacer caminar el sistema, porque los integrantes de las juntas electorales, no están para eso. También hay que crear el archivo biométrico. Falta hacer la prueba del sistema, lo que no se puede dejar para el día de las elecciones. La prueba tampoco se puede improvisar, lo que está en juego es mucho y no estamos para correr riegos.
Entonces, no existe posibilidad fáctica de usar el sistema para las próximas elecciones, a menos que la intensión sea hacer un verdadero fiambre electoral, otro desorden legal como tantos que hemos visto en los últimos años, que naturalmente será repudiado por la totalidad de la ciudadanía honrada, que es la mayoría.
Si vamos a lo legal, para poder utilizar el sistema hay que reformar muchas leyes; recuerdo que el único documento de identificación es el DPI; que el equipo humano que legalmente integra las juntas, ha de ser ampliado; que la forma de transmitir la información electoral debe variar y así sucesivamente, una serie de cuestiones que legalmente, por ahora, no es posible realizar.
En lo práctico, un amigo me decía que lo que si sucederá es que se desestimulara la asistencia de los votantes, contrario a la obligación del TSE de impulsar a la gente para que vote.
Entonces, no es oponerse a la innovación. Si querían innovar tuvieron varios años para hacerlo; si el propósito es aplicarlo para la elección de 2027, es posible que no exista problema. Pero como lo están planteando, creo que solo el TSE lo ve bien y como menciona un editorialista, quien sabe cuál es la razón de fondo.
