Organizaciones internacionales, por medio de un comunicado, rechazaron la criminalización del periodista José Rubén Zamora, y denunciaron enérgicamente la persecución de voces críticas en Guatemala.
«Su detención forma parte de una politica sistemática de persecución arbitraria y criminalización, liderada por la Fiscalía General, Consuelo Porras, contra ex fiscales y jueces anticorrupción, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos», indicaron.
Asimismo, recordaron que la orden de captura en contra de Zamora fue solicitada por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien fue incluido recientemente dentro de los actores corruptos por el Departamento de Estado, y que también informó de la misma el pasado viernes 30 de julio y dos días después también se conoció que había pedido que se embargaran las cuentas de elPeriódico, medio de comunicación que dirige Zamora.
También mencionaron que el mismo día que fue detenido Zamora, acusado de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, fue «arbitrariamente detenida la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, en represalia por su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)».
«Las organizaciones internacionales hemos alertado en múltiples ocasiones acerca de los ataques reiterados, la persecución y la criminalización contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala. Estos ataques forman parte de un patrón generalizado que ha venido agravándose, y que tiene como denominador común, la utilización del sistema de justicia penal para perseguir a las voces criticas y a quienes han contribuido a desentrañar las redes de corrupción en el país», se lee en el comunicado.
Por tal razón, exigieron a las autoridades nacionales competentes poner de inmediato en libertad al periodista José Rubén Zamora, cesar el acoso judicial en su contra, y garantizar sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Asimismo, hicieron un llamado urgente a que se abstengan de continuar los actos de criminalización e intimidación contra los periodistas del país, y convocaron a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, y a la comunidad internacional, para que se pronuncien decididamente en rechazo de estos actos, «que ponen en entredicho la integridad del sistema democrático en el país y en grave peligro a sus periodistas».
