En un comunicado alrededor de 64 organizaciones, centros de pensamiento y plataformas sociales exigieron un proceso de readecuación del Presupuesto 2021 que se ajuste a las demandas ciudadanas.
“El Presupuesto a ejecutar en 2021 debe atender las demandas ciudadanas y evitar la corrupción y la ejecución sin resultados en el desarrollo” manifestaron.
Estos son los cinco puntos que las organizaciones, centros de pensamiento y plataformas sociales, proponen para la readecuación presupuestaria para 2021.
- Las prioridades sean la inversión pública en las niñas, niños y adolescentes, la lucha contra la desnutrición infantil el desarrollo rural, la mejora en la calidad y cobertura de los servicios de salud y educación pública y que, en general, cierre la brecha de cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Se erradiquen las asignaciones de gasto que ensanchan los caminos para la corrupción y se supriman asignaciones de gasto ilegítimas como la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, el seguro médico escolar privado y los aportes directos para organizaciones no gubernamentales espurias.
- Se corrija la proyección de ingresos tributarios para 2021, la cual debe tener sustento técnico y reflejar un mayor esfuerzo del Gobierno en la mejora de la recaudación enfrentando decididamente la evasión de impuestos.
- Se racionalice el uso de la deuda pública, destinándola exclusivamente a inversiones que maximicen las capacidades humanas, sociales y económicas, y que el Ministerio de Finanzas elabore y publique un estudio que evalúe la sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal de Guatemala.
- Se incluya, como parte de un plan de reactivación económica en 2021, unas significativa asignación para la asistencia y protección social equilibrada con esfuerzos de infraestructura destinados a la construcción y mejora de escuelas, centros y puntos de salud, caminos rurales, sistemas de riesgo y programas de protección y saneamiento ambiental, estableciendo su impacto en la generación de empleo, producción de alimentos y en la priorización de mejores condiciones de vida para las poblaciones afectadas por la pobreza.
Asimismo se sumaron al clamor popular que rechaza la corrupción y la represión violenta y la criminalización del derecho de práctica democrática fundamental de manifestación y protesta pacífica.
“El diálogo democrático tiene como premisa y condición insoslayable el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales” manifestaron las organizaciones.
