Ciudad de Guatemala, 12 dic (EFE).- El juez Fredy Orellana, sancionado por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción, se negó este martes a entregar al presidente electo Bernardo Arévalo, el expediente judicial de una acusación en su contra por supuestas firmas falsas.
Arévalo se presentó en el juzgado séptimo del Organismo Judicial y detalló a periodistas que, tras esperar 45 minutos, Orellana no les entregó la acusación en su contra, como establece la ley.
El presidente electo subrayó que han solicitado el expediente o carpeta judicial en 33 ocasiones ante el Ministerio Público (MP) y 15 veces ante el juzgado bajo el mando de Orellana, todas sin éxito.
«Se niegan a darnos acceso a la carpeta. Se está negando el derecho de defensa, que es fundamental. Y se niegan porque saben que lo que está ahí son patrañas y construcciones y fabricaciones que no tienen sustento en la realidad», subrayó Arévalo.
El presidente electo dijo que «estamos ante un Ministerio Público que está actuando de manera ilegal y absurda».
Desde el 12 de julio pasado, la Fiscalía inició una persecución judicial en contra de Arévalo de León y del partido Movimiento Semilla, tras obtener sorpresivamente el segundo lugar en las elecciones generales del 25 de junio y ganar posteriormente el balotaje en agosto.
La ley guatemalteca establece que, ante cualquier acusación, tiene acceso al expediente judicial la parte acusadora y los abogados defensores.
El caso en contra del Movimiento Semilla es por supuestas firmas falsas en la creación del partido en 2018, aunque fue el mismo Arévalo el que puso la denuncia en marzo de este año.
El pasado 8 de diciembre, la Fiscalía presentó el caso contra Semilla y también aseguró que las elecciones deben ser nulas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
La acción de la Fiscalía fue catalogada por la Organización de Estados Americanos (OEA) como «un intento de golpe de Estado», y el lunes Estados Unidos informó que anuló la visa a más de 100 diputados guatemaltecos que votaron a favor de remover la inmunidad el 1 de diciembre de varios magistrados electorales.
Arévalo advirtió, desde el pasado 1 de septiembre, que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, lleva a cabo «un golpe de Estado» en su contra para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
