El Observatorio para la Protección de los Defensores de Human Rights y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) aseguraron que las detenciones arbitrarias y el uso del derecho penal indebidamente para castigar a operadores de justicia por su trabajo independiente, han provocado el desmantelamiento del Estado de Derecho en el país y exigieron a las autoridades liberar a la exfiscal Virginia Laparra.
“El Observatorio y la UDEFEGUA urgimos a las autoridades guatemaltecas liberar inmediatamente a la exfiscal Virginia Laparra y a poner fin al hostigamiento judicial en su contra y contra el conjunto de operadoras y operadores de justicia criminalizados”, mencionaron.
Condenaron energéticamente la detención arbitraria, la criminalización y las condiciones de detención de la exfiscal Virginia Laparra asegurando que el propósito de este proceso penal es una represalia por ejercer su trabajo de manera objetiva, independiente e imparcial contra estructuras de crimen organizado y corrupción en Guatemala que involucran a altos funcionarios del Estado.
Ambas organizaciones también reiteraron su llamado a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de Laparra, así como de los operadores que luchan contra la impunidad en Guatemala.
“El Gobierno de Alejandro Giammattei ha establecido un clima hostil contra operadores de justicia que velan por un sistema de justicia independiente y contra la impunidad. En este marco, miembros de la FECI y ex-miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han sido detenidos arbitrariamente y criminalizados, incluyendo la exfiscal de la FECI Siomara Sosa y la exmandataria de la CICIG Leily Santizo”, indicaron.
Además, recordaron que desde abril de 2021, al menos 23 operadoras y operadores de justicia independientes se han visto obligados a salir del país para proteger su integridad y la de sus familias. “Es el caso del ex Fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval y de Erika Aifán, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo D”.
