Por: El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Prensa Comunitaria
“Hola Sandrita. ¿Qué pasó Gustavito?”, así comienza uno de los audios en poder del Ministerio Público (MP). La llamada telefónica fechada en 2015 forma parte de las escuchas ordenadas por uno de los fiscales anticorrupción que investigó el presunto financiamiento ilícito de Sandra Torres Casanova. Eran las 16:37 del jueves 26 de marzo, hace ocho años.
Ese uso del diminutivo con los nombres forma parte de las costumbres populares en Guatemala, una muestra de que existe confianza entre las personas que se hablan y, más aún, posiblemente cercanía.
“Sandrita”, según estableció el equipo de fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Impunidad (FECI), se referiría a Sandra Julieta Torres Casanova, secretaria general del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y candidata presidencial de ese partido por tres periodos electorales seguidos desde 2015. Este domingo, 20 de agosto, se enfrenta a Bernardo Arévalo en unos comicios que decidirán cuál de los dos gobernará Guatemala por los próximos cuatro años.
“Gustavito” -según el mismo equipo de fiscales anticorrupción- aludiría a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, un empresario que ha enfrentado cinco procesos penales por posible corrupción. También ha sido un amigo y aliado de Sandra Torres. Alejos es ingeniero agrónomo, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom (a su vez exesposo de Sandra Torres), empresario de las farmacéuticas y, en el pasado, financista de Sandra Torres.
Este es uno de los 166 audios resultado de las escuchas telefónicas que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Impunidad (FECI) realizó a Gustavo Alejos en el marco de la investigación denominada “Traficantes de Influencias”, que involucra a empresarios como Mario Leal Castillo, quien acompañó en las elecciones de 2015 a Torres como candidato vicepresidencial.
A través del seguimiento de las constantes llamadas a Sandra Torres y a otras personas, los fiscales anticorrupción del MP obtuvieron información de cómo ella, en calidad de secretaria general de la UNE, presuntamente dirigió – junto a Alejos – la captación de financiamiento ilícito para su propia campaña electoral de 2015 a través de un grupo delincuencial.
En el calendario, ese 26 de marzo de 2015, la Casa Blanca presionaba al gobierno de Otto Pérez Molina para que firmara la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como condición para incorporar a Guatemala en el Plan Alianza para la Prosperidad. El colombiano Iván Velásquez (hoy Ministro de Defensa en su país) era el comisionado internacional en ese momento.
Pérez Molina no anticipó que firmar la continuidad de la comisión le traería como resultado la caída de su gobierno, con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y la suya seis meses después de renovar dicho mandato. Ambos se encuentran en prisión condenados por varios delitos en casos de corrupción y con otros procesos abiertos.
De vuelta a la llamada telefónica del 26 de marzo, Gustavo Alejos a manera de reclamo le pidió a Torres que fuese ella quien autorizara el uso del “Chopper”. Le preguntó si él debía hacer algún cobro por el uso del helicóptero a una tercera persona interesada, para usarlo el domingo (29 de marzo) o si debía prestarlo. Durante la conversación Torres respondió que sí, que debía prestar el helicóptero.
Ese y los otros audios en poder de la FECI -a los que tuvo acceso esta alianza periodística- sugieren que Alejos posiblemente habría financiado a Sandra Torres sin acreditar la información ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al haber puesto a disposición y entregar en uso permanente su flota de helicópteros a la campaña de la candidata en 2015, al punto que Torres tuvo a su disposición varios aparatos para moverse en todo el país.
Alejos es propietario de un “Chopper”, helicóptero azul oscuro, con franjas rojas y plateado y matriculado con las iniciales de su nombre TG-GAC, que sirvió como el principal transporte de campaña de Sandra Torres en esas elecciones. Las llamadas telefónicas muestran la coordinación que realizó el empresario sobre los helicópteros para su uso, mantenimiento, itinerarios, agendar salidas y garantizar la disponibilidad para la entonces candidata presidencial.
Esta alianza de periodistas y medios de comunicación contactó vía Whatsapp a Sandra Torres a través del número telefónico de Mario Valenzuela, su encargado de prensa, pero hasta el momento de la publicación no obtuvimos respuesta de la candidata.
En 2015 elPeriódico, uno de los principales medios de periodismo de investigación en Guatemala, mostró la relación Alejos-Torres en el reportaje “Candidatos, financistas y helicópteros”, publicado en abril de 2015, un mes después de esta llamada telefónica. En éste develaron como Torres, además de usar el helicóptero de Gustavo Alejos, también usó otro propiedad de Roberto Alejos Cambara, hermano de Gustavo, registrado con la matrícula TG-TOD, así como un tercer helicóptero matriculado TG-RIC de la empresa Helicópteros de Guatemala, en ese momento propiedad de los Alejos.
En otra de las llamadas telefónicas en poder de la FECI, Gustavo Alejos afirmaba sentirse un poco más tranquilo pues el reportaje de elPeriódico no precisó que él era propietario de la empresa Helicópteros de Guatemala. “Tiraron un vergazo ahí en elPeriódico sobre los chopper, pero está todo ahí bien mezclado. Al que hacen mierda es a Goyo, no está mal, pero a Goyo sí lo hicieron verga. Ahí la mencionan a ella con tres helicópteros, pero de todos sacaron”, dijo Gustavo a alguien que identifica como Joselito.
Según el reportaje de elPeriódico, Sandra Torres usó, además, otro helicóptero propiedad de una de las familias accionistas de Cementos Progreso. Se trata de los Berger Novella y de un aparato matriculado como TG-ECU, cuyo piloto Haward Suhr Castellanos –extrabajador de dicha familia– fue detenido por delito de narcotráfico en Honduras ese mismo año. Según ElPeriódico, Torres se refería a los dueños de estas aeronaves como sus “amigos empresarios”.
Otro de los audios muestra que Torres tuvo conocimiento del reportaje de los helicópteros en campaña electoral previo a su publicación, pues varios periodistas buscaron confirmar con ella o con sus cercanos la información.
Esto puso en alerta a la presidenciable y a Alejos. Según muestran los audios, buscaron detener la publicación, pues pensaban que les iba a significar otro desgaste y que se vincularía directamente al empresario de las farmacéuticas en la campaña y, por ende, con el financiamiento de la UNE. Alejos buscó en efecto detener dicho reportaje afirmando que llamaría directamente al director de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, esfuerzo que fue en vano. En las escuchas realizadas por el MP no se localizó ningún audio que registrara la posible llamada de Alejos a Zamora.
En los audios de las llamadas entre Torres y Alejos se menciona que éste último y el empresario Oscar Barrios se comprometieron a darle unas 200 horas de vuelo durante dos meses a la campaña de Torres. A un promedio estándar que ElPeriódico estimó en US$ 1700 por hora, Alejos habría aportado en especie hasta unos US$ 340 mil, equivalentes a unos Q2 millones 601 mil, al cederle el uso de su propio helicóptero a la candidata.
Esto se corrobora en el audio de una de las llamadas de Alejos, de fecha 29 de abril a las 13:56 horas, en el que el empresario habló de alquilar una nueva turbina y de garantizar las horas de vuelo de la candidata presidencial.
Para el mes de junio de ese mismo año, la Cicig publicó el informe “El financiamiento de la política en Guatemala” que parece haber caído como balde de agua fría sobre la candidata de la UNE. De hecho, Sandra Torres salió a desconocer públicamente su relación política, de financiamiento y amistad con Alejos en julio de 2015 en una entrevista con el medio Publinews.
Dentro del esquema planteado por la Cicig sobre cómo se financiaban los partidos políticos de forma ilícita, Alejos ocupaba el lugar de financista y recaudador, obteniendo tanto poder que incluso pudo definir puestos de elección popular y asientos en el comité ejecutivo nacional del partido. “Gustavito” pasó de ser el hombre número uno de Álvaro Colom al número uno de Sandra Torres.
Durante dos meses de escuchas telefónicas, el MP obtuvo información de como Alejos y Torres montaron una estrategia de relacionamiento político con empresarios y empresas, para recaudar millones de quetzales.
En otra llamada telefónica del 29 de abril a las 20:34 horas, se escucha como Alejos le detalla a Torres la obtención de Q40 millones -unos US$523 mil- que una de las farmacéuticas del país iba a entregarle en ese momento a la candidata a manera de financiamiento.
Torres le responde con asombro por la cuantiosa donación. Alejos le detalla, además, cómo el empresario Carlos Arturo Batres Gil haría la entrega de cheques, lo mismo que el empresario Carlos Gabriel Guerra Villeda por unos Q40 mil mensuales -US$ 5,200-. Otro empresario mencionado en la llamada es Ramón Campollo Codina, a quien Alejos se refiere como “Moncho” Campollo y que -según indican los audios- haría otro aporte a Torres por Q400 mil -US$ 55,220- Campollo, vinculado al sector azucarero en Guatemala, fue incluido en la Lista Engel de actores corruptos o antidemocráticos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en julio de 2022.
Estos nombres aparecen mencionados en distintas llamadas de Alejos a las que tuvo acceso la FECI, empresarios que, además, estuvieron implicados en otros casos de corrupción investigados por esta fiscalía y por CICIG, como los casos Odebrecht y Aceros de Guatemala
En una de las conversaciones, Gustavo Alejos le reafirmó su compromiso a Sandra Torres acompañando directamente al candidato vicepresidencial de la UNE Mario Leal y figurando en la estructura metropolitana de la UNE, debido al rompimiento de la candidata con el empresario Roberto Alonso José Dalton Aceituno, quien le había retirado todo su apoyo. En palabras del propio Alejos en la llamada, él mismo cubriría con su dinero proveniente de los negocios con las farmacéuticas el aporte que Dalton, ex presidente de DISAGRO y Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural (PRORURAL) del gobierno de Colom, habría decidido negarle a la candidata.
Estos audios fueron el resultado del trabajo de varios fiscales que, desde la FECI y en coordinación con la Cicig, lograron identificar cómo Sandra Torres Casanova junto a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara lograron presuntamente evadir los controles legales del TSE e inyectar varios cientos de millones de quetzales de forma ilícita a la campaña presidencial en 2015. En total son 166 audios de las escuchas telefónicas a dos de los teléfonos celulares en posesión de Alejos.
Cuatro años después de los ocurridos estos hechos, Torres correría nuevamente por la presidencia en 2019, un año antes la FECI solicitó a la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras, se iniciaran las pesquisas en contra de la secretaria general de la UNE.
Desde el 2016, la FECI comenzó con la investigación del caso, el documento de la denuncia penal presentada por esta fiscalía da cuenta de que se logró confirmar la existencia de un grupo delictivo para financiar de manera ilícita al partido UNE con fondos millonarios.
Identificaron a personas particulares, diputados al Congreso de la República, miembros del partido UNE, Sandra Torres Casanova y un grupo fuerte de empresarios. “Tomé la decisión de abandonar el país el 15 de octubre de 2019 luego de observar la forma en la que, desde el Ministerio Público, Consuelo Porras obstaculizaba las investigaciones que por corrupción se llevaban en la FECI y debido a las constantes intimidaciones y amenazas en contra de mi persona y de mi familia. Las amenazas fueron a raíz de todas las investigaciones que tuve a mi cargo, incluida la del financiamiento electoral ilícito de la UNE”, dijo Andréi Vladimir González Arteaga, el fiscal que investigó a Sandra Torres.
Investigar y promover la denuncia sobre el financiamiento ilícito de la UNE motivó que en 2019 saliera al exilio a los Estados Unidos. González, el exfiscal a cargo de dicha investigación, denunció penalmente a la fiscal general Porras y a Julio Cesar Cordón Aguilar, secretario de Política Criminal, por los posibles delitos de abuso de autoridad, denegación de justicia y obstrucción de justicia.
El exfiscal explica que el origen de la investigación por posible financiamiento electoral ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- expediente MP001-2016-6892 y causa penal 01074-2015-00115, fue siguiendo la ruta del origen del dinero del caso “Traficantes de Influencias”, otra investigación que estaba a cargo de la FECI y que implicó a Gustavo Alejos.
El fiscal denunció que luego de 17 meses de trabas internas dentro del MP en diciembre de 2019 la FECI presentó la acusación en contra de la candidata presidencial. Dos meses antes, el 9 de septiembre Sandra Torres fue detenida y puesta en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, en una noticia que llegó hasta la BBC de Londres. Esto luego de que perdiera la elección presidencial de 2019 en el mes de agosto frente al ahora presidente Alejandro Giammattei.
González Arteaga, el fiscal encargado de la investigación y parte del equipo de la FECI desde 2017, cumplió cuatro años en el exilio en los Estados Unidos. El abogado con 35 años es uno de varios jueces, fiscales y abogados guatemaltecos que han salido al exilio en los últimos años. Tras la expulsión de Iván Velásquez y la Cicig de Guatemala, la actual fiscal general del MP desmanteló la FECI y otras fiscalías como la de Derechos Humanos, muchos de los fiscales anticorrupción tuvieron que salir al exilio, en una persecución penal que documentan informes como el de “Ataques y criminalización a operadores y operadoras de justicia en Guatemala como parte de la estrategia para el desmantelamiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad”. En total son 39 operadores de justicia exiliados, incluido el propio jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Este equipo periodístico tuvo acceso al documento de la denuncia penal por posible financiamiento electoral ilícito que había realizado la FECI. En 2019 esta entidad había señalado como responsables a una lista larga de 26 personas implicadas en el caso, entre empresarios, miembros y exmiembros de la UNE y exfuncionarios, encabezada por la hoy candidata a la presidencia en el actual proceso electoral 2023.
Según establecieron en su momento la FECI y la Cicig, estos políticos y empresarios presuntamente operaron con un grupo delictivo y empresas de cartón para agenciarse de fondos millonarios, sin que estos fueron reportados al TSE y así eludir las normas sobrefinanciamiento de los partidos políticos. En varios de los audios, Alejos menciona la entrega de cheques y de cómo los empresarios ya tenían el mecanismo para entregar el dinero. La fiscalía anticorrupción consultó a la SAT sobre el movimiento tributario de estas empresas y constató que todas aparecían en cero en ese momento.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI también en el exilio, opina que la actual candidata a la presidencia Sandra Torres no debería estar participando en estas elecciones.
“Fue protegida por el sistema corrupto de Guatemala, que ahora busca colocarla en el poder para garantizar la continuidad de la cooptación de las instituciones. Sandra Torres no tuvo que defenderse: el mismo sistema corrupto del que es parte le favoreció, y ahora eligiéndola busca asegurarse impunidad,” afirmó Sandoval en su cuenta de twitter el 28 de julio de 2023.
La sombra del financiamiento ilícito de la campaña en 2015 continúa persiguiendo a Sandra Torres. La hoy candidata presidencial ha minimizado en los últimos ocho años su relación con Alejos. El 28 de julio de 2023, cuando el periodista Gustau Alegret entrevistó a Torres en el canal de noticias NTN24 en Washington y la interrogó sobre su relación con Alejos, ella lo negó.
“No es socio, ese fue un tema de campaña por la cual me colocaron una denuncia. ¿Socio de qué? Gustavo Alejos para nada fue mi socio. Él fue funcionario y secretario privado del ingeniero Álvaro Colom que fue presidente de la República, que en paz descanse. No recogió fondos para su campaña. Esa fue una gran mentira e infamia que a mí me montaron”, respondió a la pregunta de Alegret.
Pese a las pruebas presentadas por la FECI y Cicig, la jueza Claudette Domínguez, quien preside uno de los juzgados de Mayor Riesgo en la ciudad de Guatemala, resolvió el 29 de noviembre de 2022, cerrar el caso en contra de Sandra Torres. La jueza afirmó que la investigación de la FECI y Cicig carecía de sustento legal, según publicó el diario vespertino La Hora.
Nueve meses han pasado desde el cierre del proceso penal en contra de la candidata presidencial. Y ahora a pocos días de la segunda vuelta electoral, la fiscal general del MP ha impulsado una judicialización del proceso electoral, con acciones como pedir la eliminación de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, que han sido consideradas como una “persecución política” por la misión de observación electoral de la OEA y como “arbitrarias” por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch.
