El Mirador Electoral presentó un informe en el que evidenció baja integridad electoral, lo que amenaza la estabilidad democrática.
Los indicadores analizados por el Mirador Electoral fueron: Certeza Jurídica, Inclusión, Transparencia y Competitividad.
En su análisis identificó un bajo cumplimiento de la certeza jurídica, pues evidenció que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitieron una circular que contenía procedimientos no incluidos en la ley, favoreciendo la exclusion de candidatos.
También calificó como bajo el cumplimiento de este principio, por las denuncias presentadas contra el Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz por aparente arbitrariedad en la inscripción de candidatos.
Según dichas denuncias, Muñoz aplicó criterios diferenciados para inscribir candidaturas y excluir a otros de manera espuria.
Respecto a la inclusión, identificaron mayor participación ciudadana en órganos temporales, así como la inclusión de personas en edad de votar, sin embargo, según el Mirador Electoral, hubo un cumplimiento medio, pues el empadronamiento no fue promocionado lo suficiente, y las Juntas Electorales Departamentales fueron integradas por personas que no garantizan la independencia político partidista.
La transparencia fue valorada de diferente forma, ya que según el Mirador Electoral, si existen condiciones para observación ciudadana nacional e internacional, sin embargo, los cambios en los procedimientos de adquisiciones durante las elecciones generaron opacidad.
Además, señalaron que la «poca capacidad de la autoridad electoral hace que los reportes de financiamiento de campaña de los partidos sean puramente formales y no reflejen la realidad de lo gastado en campaña, tampoco existen mecanismos de monitoreo y auditoría de estos gastos de campaña».
El último principio evaluado fue la competitividad, que fue catalogada con un cumplimiento bajo porque no se garantizó la participación de partidos y candidaturas de todo el espectro ideológico o que han manifestado su oposición al gobierno actual.
También porque no se respetó la autonomía del TSE sobre la competencia electoral e interfirieron otros poderes del Estado en las decisiones del Tribunal.
