Ciudad de Guatemala, 1 abr. (EFE).- El líder indígena Bernardo Caal Choc culpó el pasado jueves a las cámaras empresariales del país y al Estado por su «injusto» encarcelamiento durante los últimos cuatro años debido a la defensa de la naturaleza, y reiteró su inocencia de los delitos que le imputaron.
Caal Choc salió de la prisión la semana pasada por buena conducta tras cumplir más de la mitad de la pena impuesta en 2018 y en una rueda de prensa este jueves brindó sus primeras impresiones para los medios tras dejar la cárcel.
El líder indígena maya q’eqchi’ fue condenado en 2018 a seis años de prisión por actos de violencia en contra de empleados de una empresa de cable, contratista de las hidroeléctricas Oxec, en el departamento (provincia) de Alta Verapaz, ubicado unos 150 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.
Las hidroeléctricas Oxec I y II son del grupo empresarial Energy Resources Corp., registrado en Panamá, y fueron construidas en Alta Verapaz por la empresa Grupo Cobra-ACS, perteneciente al empresario Florentino Pérez, presidente del club de fútbol español Real Madrid.
Acompañado de sus abogados, Caal Choc recordó que fue desde 2012 cuando comenzó la represión en su contra y otros defensores de la tierra por rechazar la construcción de hidroeléctricas en el río Cahabón, siempre en Alta Verapaz.
Caal Choc enfatizó que presentó una denuncia para la defensa del río y «todas las cámaras empresariales» del país «se juntaron para criminalizarme, me difamaron hasta que lograron encarcelarme».
Según Caal Choc y sus abogados, los jueces de la ciudad norteña de Cobán, en Alta Verapaz, «se prestaron» para que fuese condenado por delitos que no cometió.
El dirigente indígena también manifestó que el Estado es responsable de su criminalización y la de otro centenar de defensores de la tierra del pueblo maya q’eqchi’, que según aseveró, tienen órdenes de detención.
Caal Choc señaló que, pese a las denuncias, las empresas hidroeléctricas desviaron 50 de los 195 kilómetros de longitud que tiene el río Cahabón y construyeron dos hidroeléctricas, Oxec I y Oxec II, que son «ilegales» porque «no cumplieron con la ley» al consultarle primero a las comunidades.
Además, aseguró que pese a su «injusto» encarcelamiento, no presentará ninguna acción legal contra las empresas, pero sostuvo que «el pueblo q’eqchi’ seguirá su lucha por la defensa del territorio».
De igual forma detalló que durante el tiempo que le tocó estar en la cárcel dio clases a los presos y que ello le ayudó para que las autoridades le redujeran la sentencia y le dieran su libertad por «buena conducta».
El líder indígena afirmó en su primera conferencia de prensa tras recobrar su libertad que «el gran delito que he cometido es haberme pronunciado en contra de las hidroeléctricas que se construyeron en el río Cahabón, que son ilegales».
«Es bochornoso lo que están haciendo estas empresas» enfatizó Caal Choc y reiteró que «soy inocente y salgo con la cara levantada».
UN PRESO «DE CONCIENCIA»
El proceso penal contra Caal Choc fue señalado como «injusto» por diversas organizaciones locales e internacionales como Amnistía Internacional (AI), que en 2020 aseguró que el líder indígena era un «preso de conciencia» condenado «injustamente por detenciones ilegales y robo mientras defendía el territorio en contra de dos hidroeléctricas».
Un preso de conciencia, según Amnistía Internacional, es una persona que, «sin haber utilizado la violencia ni haber promovido su uso es encarcelada o sometida a otras restricciones de su libertad a causa de su opinión política, religión u otras creencias, su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, orientación sexual o identidad de género, u otro estatus».
El líder indígena fue condenado por delitos de detención ilegal con circunstancias agravantes y robo agravado, tras ser acusado de actos de violencia contra empleados de una compañía contratada en uno de los proyectos hidroeléctricos.
