Todos sabemos que Guatemala es uno de los países más expuestos a desastres naturales, tanto por fenómenos telúricos como por las tormentas que se forman en el Caribe. En los últimos 20 años sufrimos el impacto de cuatro huracanes o tormentas: Mitch 1998, Stan 2005, Agatha 2010 y ahora la Eta. Es decir, uno cada cinco años, que deja enormes pérdidas en vidas – una sola ya es tragedia – y daños a cultivos, viviendas e infraestructura.
Entre un desastre y otro no se hace mayor cosa. Luego de la euforia de apoyo – los chapines siempre nos unimos y nos movilizamos para ayudar a los que sufren – todo vuelve a la “normalidad” y no se atiende la gestión del riesgo, que comprende identificar y cuantificar pérdidas y efectos secundarios de posibles desastres e implementar las necesarias acciones preventivas y correctivas.
Una de las dos principales causas del daño que provocan los fenómenos naturales, que como todo problema tienen variedad de causas, las dos principales del daño es la deforestación, que provoca a la vez la erosión de suelos y el asolvamiento de los cauces de los ríos. Y la naturaleza cobra con creces el maltrato y la irresponsabilidad.
En solo 20 años Guatemala perdió casi 14 mil km2 de bosque, lo que significa el 25 % de su cobertura, equivalentes al 12 % del territorio nacional. Es una de las tasas de deforestación más altas de América Latina, a pesar de tener una topografía mayoritariamente quebrada y suelos que, en un alto porcentaje, son de vocación forestal. La reforestación es totalmente insuficiente. El Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) en ese mismo período cubrió 2,098 kilómetros. A ese paso, en dos generaciones nos quedaremos sin bosques.
La otra causa principal es el uso desordenado e inadecuado del territorio: cultivos limpios en tierras de vocación forestal y asentamientos en áreas susceptibles a deslizamientos y hundimientos. A esto se agrega que en las zonas inundables se abandonó la construcción de viviendas sobre pilotes, que reducían el nivel de riesgo.
Se habla mucho del ordenamiento territorial, pero queda poco margen de maniobra. Ya no es posible decir aquí se instala una comunidad, aquí se siembra maíz, aquí es reserva forestal, etcétera. En 2018 el INE reportaba 15,184 aldeas y caseríos donde reside la mitad de la población del país, a un promedio de 554 personas por comunidad. Alta Verapaz, uno de los departamentos más golpeados por ETA, tenía en ese año 1,773 aldeas y caseríos, con 8,686 km2. Restando 40 % de territorio utilizado por áreas urbanas, plantaciones, bosques, barrancos y otros, quedan 5,200 km para esas comunidades, lo que da 2.9 km2 por comunidad, equivalente a menos de 7 caballerías para cada una. En pocas palabras, ya no hay donde ponerlas. Esto lleva a la conclusión de que, por la mera sobrevivencia de la sociedad, la democracia y la economía de mercado, es imprescindible corregir el modelo de “desarrollo” concentrador, excluyente y depredador.
