Miami, 6 feb (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó el pasado lunes un escrito ante un tribunal de Guatemala en defensa de ocho periodistas guatemaltecos que fueron procesados y acusados de obstrucción a la justicia, en un caso que se encuentra bajo apelación y que se conocerá en los próximos días.
En marzo de 2023, la Justicia guatemalteca procesó a un grupo de periodistas por una serie de artículos publicados acerca del juicio contra el reconocido fundador y presidente de El Periódico, Jose Rubén Zamora Marroquín.
Zamora Marroquín se encuentra en prisión desde julio de 2022 por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción tras «un proceso plagado de vicios e irregularidades, en evidente represalia» por su trabajo informativo crítico, señaló la SIP en un comunicado.
Los periodistas y columnistas señalados son: Denis Obdulio Aguilar González, Julia Catalina Corado Flores, Gerson Allende Ortiz, Edgar Armando Gutiérrez Girón, Gerli, Alexander Valdez, Ronnie Alexander Ríos García y Gonzalo Marroquín Godoy, expresidente de la SIP.
Los periodistas acusados en este caso promovido por fiscales sancionados por Estados Unidos tuvieron que salir exiliados del país y no han podido continuar con su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo, dijo la SIP, con sede en Miami.
Entre 2019 y 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, tuvieron que abandonar Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra, según informes de prensa.
El escrito legal ‘amicus curiae’ firmado por la SIP sostiene que, según el Ministerio Público, «los periodistas con sus publicaciones posiblemente han intentado amenazar o coaccionar a los miembros del Organismo Judicial, Ministerio Público y Auxiliares de la Administración de Justicia, afectando su integridad física y su honor, con el fin de influir en su comportamiento».
La SIP destaca que la fiscal «de manera arbitraria e ilegal también solicitó que se ordenara investigar las fuentes de financiamiento, porque según ella las publicaciones de los periodistas, están siendo orquestadas por más gente, pidiendo también que se investigue organizaciones que los financian».
El escrito legal indica que, con esas maniobras, se está «violentando lo regulado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que también establece que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados».
El análisis de los abogados subraya que «las publicaciones sobre las cuales el Ministerio Público pretende realizar investigación penal, por el delito de obstrucción de justicia, se refieren a actuaciones realizadas por funcionarios públicos, en el pleno ejercicio de su cargo».
Agrega que estas publicaciones, críticas o denuncias fueron hechas por periodistas guatemaltecos, del diario elPeriódico, y «constituyen ese ejercicio legítimo del derecho a la libre emisión del pensamiento, reconocido y garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala».
En ese sentido, añade, «no resulta legalmente viable investigar penalmente las publicaciones realizadas por periodistas, puesto que lo legalmente establecido es que sea conocido por un Tribunal de Honor, conforme lo regula la Ley de Emisión de Pensamiento».
El procesamiento de los periodistas por acusaciones de obstrucción de justicia contradice estándares internacionales en materia de libertad de expresión y la constitución guatemalteca, incluyendo artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y de la Constitución Política de la República de Guatemala, además de la Ley de Emisión de Pensamiento.
