“Para mis amigos todo, para mis enemigos la Ley”.
La justicia guatemalteca pasa por el peor momento de la historia democrática del país, y es que hoy vemos como el Ministerio Público dirigido por la Fiscal General, Consuelo Porras se ensaña con los operadores de justicia que descubrieron grandes casos de corrupción presentando nuevos señalamientos en su contra, mientras que a políticos vinculados a casos de gran corrupción fueron beneficiados en distintos juzgados. De esa manera se contrasta la forma de operar del Sistema de Justicia.
La narrativa utilizada por los acusados de haber cometido supuestos actos de corrupción y que han confesado sus fechorías en los Estados Unidos, es que fueron víctimas de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), sin embargo, documentos con sus declaraciones de confesión los delatan.
Tal es el caso de Manuel Baldizón, excandidato presidencial de LIDER, que desde que llegó al país ha acusado a Thelma Aldana y a Juan Francisco Sandoval de armar casos en su contra, dijo que venía a enfrentar a la justicia del país, porque está seguro de que saldrá bien librado por el pacto que hizo con el oficialismo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le deben lealtad política y un MP que no hará nada.
Baldizón fue beneficiado por la titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Virginia de León, en el caso Transurbano, quien le otorgó arresto domiciliario tras haber sido ligado a proceso penal solo por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Otra es la suerte que corrió la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, que el mismo día que solicitaría el cambio de medidas, le notificaron una nueva orden de captura en su contra, negándole así la posibilidad de salir de prisión, una clara venganza que han ejercido contra los operadores de justicia.
Pero no les bastó, porque también gestionaron nuevas órdenes de captura contra el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval y la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo, por el caso “Cooptación y Corrupción Judicial”, una situación que solo pasa en Guatemala, en donde se habla tanto del Estado de Derecho, pero que no garantizan a los perseguidos la legitima defensa.
Lo anterior es un claro mensaje por parte de las autoridades que imparten justicia en Guatemala, y es que todo aquel que luche contra la corrupción y la impunidad, serán juzgados con todo el peso de la Ley, pero que aquellos delincuentes confesos, serán bienvenidos y beneficiados, porque el sistema está diseñado para que entre ellos mismos sigan haciendo piñata de un país que pide auxilio.
