«Hay un magistrado que está por ser elegido a la Corte de Constitucionalidad, pero que tiene decenas de procesos legales en su contra. Lo único que lo está manteniendo fuera de la cárcel es su inmunidad” Juan Sebastián González.
Bien es sabido que cada vez que llega un nuevo ocupante de la silla presidencial en Estados Unidos, los énfasis concretos de la política exterior norteamericana suele acomodarse a los planes y estrategias de los estrategas atrás del presidente entrante, aunque supuestamente las grandes líneas y ejes que han marcado los intereses norteamericanos permanecen intactos.
Para el caso de Guatemala, este cambio de énfasis sucedió en el 2017, cuando asumió la presidencia el controvertido Donald Trump: la política anticorrupción que se había promovido desde el 2015 en adelante, fue parcialmente revertida, al favorecerse las condiciones para la desaparición del principal instrumento anticorrupción en Guatemala: la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG): aunque formalmente, el discurso seguía anclado en la lucha contra la corrupción, la administración Trump fue claramente tolerante con los excesos y deficiencias del entonces presidente Jimmy Morales, lo cual fue un claro retroceso en los logros alcanzados en el periodo 2015-2017: el paulatino proceso de reconquista por parte de lo que coloquialmente se conoce como “pacto de corruptos” por parte del máximo tribunal constitucional fue quizá el retroceso más evidente, especialmente, con la cuestionada forma en que el Juez Mynor Moto pretendió ocupar la silla vacante en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Un hecho singular, sin embargo, alteró la correlación de fuerzas en el ultimo minuto, cuando ya se visualizaba una posible llegada del juez Moto a la CC: las inusuales declaraciones de un alto funcionario de la nueva administración, y el contundente mensaje emitió la embajada norteamericana en el país, demostró muy pronto que el nuevo presidente norteamericano iba a darle seguimiento a la línea agresiva de combate a la corrupción que caracterizó la gestión del embajador Todd Robinson, al final del mandato del Presidente Obama. Los rumores, de hecho, hablan de una posible reconfiguración de una entidad parecida a la desaparecida CICIG, solamente que esta vez, no como un ente nacional, sino como una comisión de carácter regional. Los detalles concretos de cómo se articularia este ente aún no se han divulgado, pero desde ya se espera que la nueva administración norteamericana sea menos tolerante con los excesos y vicios que han caracterizado a la clase política guatemalteca en el pasado.
Debido a este giro político en el gobierno norteamericano, el Juez Moto dejó de el as escondido de los sectores que quieren mantener sus privilegios y vicios, a ser un personaje incomodo, que ahora es prófugo de la justicia. El cambio en la correlación de fuerzas, sin embargo, aún no representa un escenario favorable al cambio de rumbo en la forma en que se hace la política en Guatemala: todavía siguen vigentes varias amenazas en el ambiente, incluyendo el proyecto de reforma electoral, que pretende dar marcha atrás en varios avances logrados en la reforma electoral del 2016; de la misma forma, las viejas practicas clientelistas y rapaces que ha caracterizado a la acción gubernamental, parece que no han cesado, además de que la forma en que el gobierno ha protegido al actual ministro de gobernación, Gendry Reyes, es una clara muestra de que el régimen sigue apostando por la mano dura, por encima de cualquier otra estrategia de contención de la protesta social.
Aunque aún es muy temprano para pronosticar lo que nos depara este año 2021 para las posibilidades de cambio en Guatemala, el hecho de que se haya frenado la designación del Juez Moto, ya es una luz al final del túnel: quizá ahora, se fortalezcan las posibilidades de que exista en el futuro inmediato, el inicio de una reforma profunda y radical de la estructura institucional de Guatemala que nos permita volver a soñar con una Guatemala mejor.
