La última semana los guatemaltecos hemos sido testigos de cómo la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) con la mayoría de miembros al servicio del Pacto de Corruptos, nos dieron un retroceso gigantesco en materia de justicia en tan solo tres resoluciones y en poco menos de un mes de haber asumido el cargo.
Una de las resoluciones ha sido la denegatoria de los amparos interpuestos en contra de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), una reforma que a todas luces busca criminalizar a quienes podrían en su momento ser las voces disidentes del Gobierno en turno.
Es bien sabido que el presidente Alejandro Giammattei esperó 20 años para tener el poder, y destruir lo poco que en justicia nos queda a los guatemaltecos, ahora será muy fácil callar y no permitir la asociación del pueblo, derecho consagrado en la Constitución con el espaldarazo de tres magistrados aliados a la corrupción e impunidad.
Una de las resoluciones que más causa indignación es haber librado de responsabilidad penal a quienes financiaron anónima e ilegalmente a al menos a dos partidos políticos y que ofrecieron disculpas al pueblo de Guatemala, pero que por eso forzaron al Gobierno anterior a como diera lugar a cerrar y denunciar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que dio resultados nunca antes vistos.
Pero lo más vergonzoso para esta Corte que recién inicia ha sido sin duda alguna haber resuelto un recurso legal en contra del abogado Alfonso Carrillo Marroquín, quien a criterio de la CC, en varias acciones que ha presentado recursos ante ese alto Tribunal no se ha encontrado en el país, sin embargo, ese mismo criterio no le fue aplicada a la resolución que libra de responsabilidad penal a Mario Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, quienes también se encuentran extraoficialmente fuera del país.
Este actuar no sorprende a nadie, pues ya sabíamos lo que nos esperaba desde la conformación de esta Corte que nos lleva en un retroceso y a una cooptación institucional por parte de actores que solo buscan su beneficio en la impunidad.
El objetivo de no juramentar a la Magistrada Gloria Porras era precisamente este, el de resoluciones contrarias a la Ley, contrarias a la lucha contra la corrupción y la impunidad y fuera de todo criterio de justicia. A la luz de estos hechos nos queda el mismo lamento que declaró el vicepresidente Guillermo Castillo, la ausencia de la CICIG.
Como ya lo dijimos, los guatemaltecos no merecemos este tipo de funcionarios, no merecemos estar bajo el yugo de la impunidad y corrupción, al contrario, necesitamos funcionarios capaces y honestos que ofrezcan una justicia verdadera.
