Ciudad de Guatemala, 6 abr (EFE).- Varias organizaciones civiles guatemaltecas expresaron el pasado martes su rechazo hacia algunos candidatos a convertirse en Fiscal General del país y exigieron una elección en la que «no se proteja» a los corruptos ni a los «privilegios de los empresarios».
La organización Asamblea Social y Popular (ASP), que aglutina a diversas entidades indígenas, manifestó en rueda de prensa su «preocupación» por la elección del nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público de Guatemala, que se definirá entre abril y mayo.
«Los pueblos y las comunidades estamos profundamente preocupados por el giro que ha tenido el país en los últimos años al perder la poca democracia y las escasas garantías constitucionales que apenas se mantenían», aseveró durante la conferencia Pedro Camajá, uno de los representantes de la entidad.
La ASP también indicó que tiene programadas diversas manifestaciones en la presente semana para pedir una elección transparente que no beneficie a los corruptos ni a «los privilegios de los empresarios, añadió la organización.
El activista subrayó que se manifiestan para exigir «que se detenga la corrupción y el robo de los recursos del pueblo», durante una conferencia de prensa celebrada en el centro de la capital del país.
LA ELECCIÓN DEL NUEVO FISCAL
Guatemala se encuentra en las etapas finales para la elección de su Fiscal General y jefe del Ministerio Público para el período 2022-2026, un puesto clave para la lucha contra la corrupción en la nación.
Actualmente, son 15 los candidatos que permanecen en la elección, incluida la abogada Consuelo Porras, quien ostenta el puesto desde 2018.
Porras es una de las cinco aspirantes que recibieron objeciones en su contra para evitar su nombramiento por parte de la sociedad civil, específicamente por supuestamente plagiar su tesis doctoral y también por haber sido sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos, país que le prohibió el ingreso a su territorio por «obstruir» casos de alto impacto.
La Comisión de Postulación a cargo de la elección designará a seis candidatos tras analizar todos los 15 perfiles que se mantienen en la convocatoria y se los remitirá al presidente Alejandro Giammattei, para que nombre al nuevo Fiscal General a partir del 18 de mayo.
Dicha Comisión de Postulación está conformada por los decanos de las universidades inscritas en Guatemala, además de otras representaciones como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a como establece la ley.
EXIGEN REMOCIÓN DE CANDIDATOS
La organización Asamblea Social y Popular solicitó que se deje fuera de la elección a Porras y al actual Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, por sus supuestos nexos con actores corruptos.
De igual forma exigieron la remoción en el listado elaborado por la Comisión de Postulación de José Urrutia Estrada, vinculado a la Fundación contra el Terrorismo, una organización cuyos líderes también fueron sancionados por Estados Unidos al igual que Porras.
Los abogados Óscar Dávila, Henry Elías y Gloria Suchité, quienes forman parte actualmente del Organismo Ejecutivo y Judicial, también deben ser removidos del listado en opinión de los colectivos sociales.
Los principales requisitos para ser el jefe del Ministerio Público en Guatemala son tener más de 40 años y una «reconocida honorabilidad», entre otros, de acuerdo con la ley guatemalteca.
Porras ha sido criticada en las últimas semanas y meses, tanto por sectores locales como por países amigos, debido a la persecución en contra de varios fiscales que emprendieron una lucha anticorrupción histórica en Guatemala entre 2014 y 2019. Es por ello que al menos 15 operadores de justicia se encuentran en el exilio, según diversas fuentes.
