El Índice Global de Riesgo Climático de “Germanwatch” indica que Guatemala a nivel mundial continúa estando como uno de los países más afectados y vulnerables ante los riesgos climáticos.
Los estudios y los informes que ocurren luego de un desastre, como en eventos relacionados a los huracanes Iota y Eta, así como cuando ocurren tragedias como la del volcán de fuego, o el deslizamiento del Cambray 2, o en el reciente colapso de la carretera CA-09 sur hacia el pacífico, los expertos siempre terminan haciendo una serie de recomendaciones relacionadas con la prevención de los desastres y la mitigación del riesgo que se deriva de la forma en que se construyen y se mantienen la infraestructura en países tan vulnerables a las condiciones climáticas como lo es Guatemala. Sin embargo, luego de que se resuelven o se mitigan los desastres puntuales, la “normalidad” de los problemas vuelve a ocupar la mente de la población, y las autoridades simplemente dejan en saco roto las recomendaciones, por lo que el ciclo que produce desastres vuelve a iniciar inexorablemente, hasta que finalmente desemboca en un desastre o emergencia que nos vuelve a despertar de nuestro letargo.
Justo por esta perversa inercia política e institucional, de solamente responder a las contingencias cuando ya han ocurrido, la rueda de los desastres y calamidades sigue acumulándose, hasta que finalmente se manifiestan con toda su fuerza. O quizá lo que ocurren es que, si suceden muchas cosas en forma cotidiana en microescala, pero nadie le presta ya atención porque hemos ido normalizando esta situación casi de desastre permanente, o quizá, porque el número de afectados es menor a cuando afectan a miles de personas, como en el caso del hundimiento de la carretera en Villa Nueva.
Esa cultura de la improvisación y la decidía ha calado tan hondamente, que coloquialmente se suele decir que Guatemala esta sobre diagnosticada, en el sentido de que ya existen muchos informes de expertos y organizaciones internacionales que han sugerido de forma consistente una serie de medidas de mitigación de desastres y reducción de las muchas vulnerabilidades que sufre la población guatemalteca, pero como no existe una capacidad institucional instalada, o simplemente porque quienes nos gobiernan tienen otras prioridades que no pasan por el bienestar de la población, las recomendaciones siguen acumulándose, la sociedad vuelve a concentrarse en los muchos dilemas que padecemos los guatemaltecos, y los políticos siguen concentrados solamente en garantizar su victoria electoral, sin considerar seriamente promover verdaderos proyectos y planes que resuelvan los muchos pendientes que como sociedad y Estado tenemos.
Lamentablemente, esa cultura de la decidía y la improvisación, condena a Guatemala a simplemente sobrellevar las tragedias y las malas noticias, sin posibilidad real de construir un futuro mejor. En ese esquema perverso, incluso los sectores más poderosos, los empresarios y los gobernantes, también sufren de forma indirecta las consecuencias: el sector empresarial ha expresado el calculo de pérdidas que están sufriendo debido al colapso de la carretera, situación que se repite cuando se oponen a las manifestaciones ciudadanas que pretenden corregir el rumbo de la clase gobernante. En ambos casos, los sectores dominantes del país no se percatan que es justamente la corrupción y la que nos tiene de rodillas: lamentablemente, cuando existen este tipo de emergencias, existe la sospecha de que siempre hay actores que se aprovechan de las emergencias, para obtener réditos ilícitos: la famosa frase de que en rio revuelto, ganancia de pescadores.
Mientras no reflexionemos que justamente esa desidia institucional y política es la que nos condena sistemáticamente a vivir de esa forma precaria, en la que no sabemos cuando se presentará la próxima contingencia que pública, las emergencias y desastres seguirán ocurriendo de forma periódica.
