Esta semana la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) allanó mi residencia además de otros lugares y capturó a la abogada Claudia González. Los operativos son la repercusión al caso que seguimos contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Aída Stalling Dávila, a quien acusamos de usar su cargo para presionar al juez Carlos Giovanni Ruano para que beneficiara a su hijo, Otto Molina Stalling, procesado en el caso IGSS-Pisa.
Era tal la cantidad y calidad de prueba que la Corte Suprema de Justicia tramitó el antejuicio y el Congreso de la República despojó de la inmunidad a Stalling Dávila. Aunque el día de su captura, Stalling Dávila quiso esconderse bajo una peluca y lentes oscuros para escapar de la mano de la justicia, un juez la ligó a proceso y le dictó auto de prisión preventiva. Ese auto de procesamiento fue ratificado por distintas instancias judiciales.
Los investigadores recabaron evidencias suficientes que conducían a una probable condena a Stalling Dávila. Y esa fue la base para presentar acusación, la cual debía ser discutida en una audiencia que, gracias a las argucias y triquiñuelas de Stalling Dávila, fue suspendida más de diez ocasiones y retradasada durante 5 años: el plazo suficiente para encontrar las condiciones favorables para la impunidad.
A mi salida de Guatemala, la FECI quedó en manos del fiscal mercenario Rafael Curruchiche. La magistrada Stalling Dávila contó no solo con la intención, sino con la deficiencia del fiscal, además un juez ad hoc que sobreseyó el proceso penal.
En condiciones normales, Rafael Curruchiche debió impugnar, pero la malicia con la que actúa el MP de Consuelo Porras, viabilizó situaciones más perversas: 1) Blanca Stalling fue reinstalada en su cargo como magistrada de la Corte Suprema 2) el erario le pagó cerca de Q6 millones por el tiempo cesada a una magistrada que usó su puesto para beneficio personal; y 3) Se preparó la plataforma para montar un caso contra los investigadores y fiscales de la causa original.
No fue suficiente ser librada. También llegó la hora de la retaliación: castigar a fiscales e investigadores que revelaron y sometieron a la justicia a la magistrada
A Consuelo Porras y sus adláteres los mueve el deseo de venganza de numerosos personajes responsables de apropiarse de fondos públicos.
Hoy vemos cómo en los casos de Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, entre otros ejemplos más, el MP defiende a quienes se enriquecieron con el dinero de los contribuyentes. Incluso les garantiza operar en impunidad.
Bajo su mando, y por deseo expreso de Consuelo Porras, el MP dejó de perseguir la corrupción para pasar a facilitarla. Su gestión ha puesto en evidencia cómo un sistema judicial trabaja para los corruptos.
Las diligencias de allanamiento en este caso se llevaron a cabo en forma desproporcionada, a más de dos años de mi salida, allanan mi residencia y mis padres, personas de la tercera edad, son sometidos a situaciones que ponen en riesgo su salud. ¿Con qué sentido llenaron mi hogar con equipo antinarcóticos? ¿Qué amenaza representan dos personas mayores para justificar ese despliegue?
Los netcenter, convertidos en el órgano oficial de comunicación de Consuelo Porras, anticiparon hallazgos en la casa de mis padres para estigmatizarme: “fuerte suma de dinero en efectivo y armas de fuego” cuando la tenencia de dinero en efectivo y la posesión de armas de fuego, debidamente registradas, constituye un derecho constitucional.
¿Qué decir de lo que está viviendo la valiente Claudia González? Una mujer símbolo de profesionalismo, mi amiga, mi mandataria, mi abogada. Ella fue detenida por cumplir con su trabajo pues en el caso de la corrupta Stalling Dávila, ella fue la representante de la CICIG, organismo que se querelló en ese caso.
