Ciudad de Guatemala, 21 jun (EFE).- Los procesos penales contra militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) y el acceso a justicia para los pueblos indígenas podrían estar en riesgo si un candidato conservador gana las elecciones presidenciales del domingo.
El principal peligro para los procesos de Justicia, de acuerdo con abogados especialistas en derechos humanos, es la candidatura de Zury Ríos Sosa, hija del general golpista Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien en 2013 fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio cometido contra 1.600 indígenas en el norte de Guatemala, aunque la sentencia fue anulada días después.
«Ríos Sosa es una amenaza, por el apoyo que le dio a su padre cuando fue procesado por genocidio y su discurso de negar las masacres contra los pueblos indígenas», declaró a EFE la abogada Haydee Valey, representante de diversas mujeres que sufrieron violencia sexual durante la guerra.
La candidata, de 55 años, buscará este domingo por la presidencia de Guatemala con la coalición de derecha Valor-Unionista, después de que su candidatura fuera admitida pese a una norma constitucional que prohíbe gobernar a familiares de jefes de golpes de Estado, misma que la dejó fuera de la contienda en procesos anteriores (2015 y 2019).
Valey agregó que la candidata conservadora, que aspira a convertirse en la primera presidenta del país centroamericano, es «parte de los partidos políticos que han buscado de forma reiterada aprobar desde el Congreso amnistía para los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad».
En junio de 2021, los diputados del partido Valor, que postula a Ríos Sosa, presentaron la iniciativa de ley 5920 que buscaba apagar cualquier proceso penal vigente por delitos cometidos durante el conflicto armado interno y ordenaba la liberación inmediata de quienes estuvieran cumpliendo condena.
EN BUSCA DE «DIGNIFICAR» A LOS MILITARES
Durante la campaña electoral, Ríos Sosa ha emitido mensajes en los que se compromete con «dignificar» a los veteranos militares y también se ha mostrado con la intención de asignar más presupuesto al Ejército guatemalteco.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el Gobierno de Ríos Montt, padre de la candidata conservadora, arrasó entre 1982 y 1983 con más de 400 comunidades indígenas y cometió un promedio de 10 masacres mensuales durante sus 17 meses en el poder.
Mientras Guatemala se prepara para elegir a sus nuevas autoridades, en los órganos de justicia existen decenas de procesos penales por masacres, violencia sexual, genocidio, tortura y desaparición forzada que fueron cometidas, principalmente por las fuerzas del Estado, durante el conflicto que dejó 250.000 victimas entre muertos y desaparecidos.
Durante los últimos 3 años, dichos procesos han sufrido golpes significativos. Por ejemplo, la fiscal Hilda Pineda, quien fue la encargada de enjuiciar a Ríos Montt en 2013, fue destituida del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en 2022.
Además, el año pasado el juez de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez, se vio obligado a exiliarse fuera de Guatemala, después que se iniciara una persecución en su contra por enviar a juicio a 9 militares acusados de la desaparición forzada de al menos 195 guatemaltecos, dentro del caso conocido como «Diario Militar», un manuscrito que relata crímenes cometidos por las fuerzas armadas contra civiles entre 1983 y 1986.
«Existe un enorme retroceso. La mayoría de personas que juzgamos a militares y casos de corrupción hemos salido del país. No es posible que hayan fiscales detenidas y que personas que han sido juzgadas por tortura estén quedando libres, No existe racionalidad en el uso del derecho penal», externó el juez Gálvez a EFE vía telefónica desde el exilio.
De igual forma, el 9 de junio pasado, una sala de apelaciones de Guatemala otorgó arresto domiciliario a tres exjefes del Ejército que fueron condenados en 2018 por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981 y la detención ilegal de su hermana, Emma Guadalupe.
El presidente de Guatemala tiene un papel vital en los procesos de justicia porque el Poder Ejecutivo es el encargado de crear las políticas de reparación digna para las víctimas, según se estableció en los Acuerdos de Paz, firmados en 1996.
«Durante el actual Gobierno no se ha cumplido ninguna medida de reparación a víctimas del conflicto armado», recuerda Valey sobre el papel que ha jugado el presidente, Alejandro Giammattei, desde su llegada al poder en 2020.
«Está en juego que la verdad sea conocida. Los partidos afines a los militares pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y la persecución se puede intensificar», añadió la abogada.
Guatemala celebrará el próximo 25 de junio sus elecciones generales para el período 2024-2028, con un total de 9,3 millones de personas habilitadas para votar.
En los comicios se definirá al reemplazante del presidente actual, Alejandro Giammattei, quien dejará el cargo el próximo 14 de enero.
