El extitular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado fue quien buscó al bufete Greenberg Taurig, a quienes pagó US$ 57 mil al mes para perseguir a la exfiscal General en exilio Thelma Aldana y al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, en Estados Unidos (EE.UU).
Lo anterior se dio a conocer luego de una denuncia que presentó el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica contra el secretario General del Ministerio Público, Ángel Pineda, quien envió un oficio en el que solicitaba al expresidente Alejandro Giammattei, contratar a un bufete para perseguir internacionalmente a Thelma Aldana y a Juan Francisco Sandoval, quienes se encuentran en el exilio.
Pineda adjuntó una serie de post que realizaban tanto Aldana como Sandoval en la entonces red social Twitter, que a su interpretación llevaron al Departamento de Estado a sancionarlo a él y a la Fiscal General, Consuelo Porras, como actores corruptos y antidemocráticos incluyéndolos en la Lista Engel.
El secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Garnica, presentó en la Contraloría General de Cuentas (CGC) una denuncia contra el secretario General del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, por persecución política contra guatemaltecos en el exilio.
«El 16 de noviembre de 2021, el Secretario General del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, dirigió un oficio al presidente de la República, Alejandro Giammattei, por medio del cual le requiere pagar un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas exiliados en el extranjero, utilizando como defensa los intereses del Estado, a pesar de que en ese oficio se acompañan únicamente publicaciones realizadas en redes sociales, el día siguiente la Secretaría General de la Presidencia, por instrucciones del Presidente, ordena al Procurador General de la Nación iniciar las gestiones para emprender la persecución política», dijo el Secretario General.
Además, indicó que ante la instrucción, el PGN inició las gestiones para emprender dichos actos ante el Ministerio de Finanzas, asignando de forma urgente recursos financieros adicionales por el valor de Q461 mil 600 mensuales, «la estrategia propuesta por ese bufete fue sometido a aprobación por la Fiscal General, Consuelo Porras».
Garnica informó que se presentó ante la Contraloría para solicitar una auditoría al Ministerio Público, a la PGN y al Ministerio de Finanzas, ante los hechos descritos en los años 2021 y 2022.
«Desde el Gobierno de Guatemala, continuamos revocando toda instrucción tendiente a la persecución política de las personas guatemaltecas exiliadas y de medios de comunicación por venganza de funcionarios públicos», manifestó Garnica.
