El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) dio a conocer el «mirador judicial» por medio del cual fiscaliza el sistema de justicia en el país desde la sociedad civil.
El Mirador Judicial analiza datos de las instalaciones de servicios de justicia, siendo estas el Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación.
Evidenciaron el número reducido de operadores de justicia ya que por cada 100 mil habitantes hay 2.67 defensores, 4.43 jueces, 4.50 fiscales y 224.8 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los cuales no son suficientes para atender a toda la población guatemalteca.
Asimismo, los investigadores del ICCPG expresaron su preocupación ante el 371.52% de la ocupación en centros de detención del Sistema Penitenciario según su capacidad, así como el tiempo de duración de los plazos judiciales.
Para que se emita sentencia en un caso, pueden pasar 490 días como mínimo, y en algunos de los casos pueden superar los mil días, dijo Evin Díaz, investigador del ICCPG.
También presentaron el porcentaje del control de criminalidad de cuatro Fiscalías del Ministerio Público (MP) durante el 2020. «La efectividad del MP no ha mejorado, solo se ha mantenido en un 10%», dijo Díaz y agregó que los resultados logrados son gracias también a la ayuda de las instituciones y población.
