La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Unión Europea (UE) sanciones en contra de la Fiscal General, María Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; al juez Fredy Orellana; y la fiscal regional Cinthia Monterroso, por acciones antidemocráticas durante y después del proceso electoral.
Dichas sanciones fueron solicitadas ya sea bajo su régimen global de sanciones de derechos humanos o un régimen de sanciones ad hoc para abordar las interferencias en el proceso electoral en el país.
«Instamos a la UE y a sus Estados miembros a imponer sanciones específicas, incluida la congelación de activos y la prohibición de viajar, contra altos funcionarios gubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas, entre otras», solicitó HRW por medio de una carta abierta.
Otra de las preocupaciones manifestadas por la Organización en la carta es la criminalización que se ha hecho en contra de actores políticos, excandidatos, periodistas y activistas.
En relación a Consuelo Porras, HRW señaló que, «desde que fue nombrada Fiscal General por primera vez, en 2018, la Fiscalía General ha socavado las investigaciones sobre corrupción y abusos de derechos humanos, y ha iniciado procedimientos penales arbitrarios contra periodistas, jueces, fiscales y exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad, respaldada por las Naciones Unidas, en Guatemala (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG). Su oficina ha llevado a cabo investigaciones penales espurias que parecen diseñadas para intimidar a Semilla y al Tribunal Supremo Electoral y anular los resultados electorales, como se describió anteriormente. Además, el Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a Porras por su ‘participación en corrupción significativa’ y por obstruir y socavar repetidamente las investigaciones anticorrupción».
Mientras que por la solicitud de sanciones para Rafael Curruchiche, indicó que, «desde que fue nombrado Fiscal Especial contra la Impunidad, en 2021, la oficina que dirige, ha socavado investigaciones sobre corrupción y llevado a cabo casos espurios contra fiscales independientes, jueces y exmiembros de CICIG. La FECI también lideró el caso contra el periodista Jose Rubén Zamora, quien permanece en prisión bajo cargos dudosos, y solicitó una investigación por ‘obstrucción a la justicia’ contra nueve periodistas y columnistas que cubrieron el caso de Zamora y realizaron las espurias investigaciones penales contra miembros del Tribunal Supremo Electoral y Semilla».
También indicó que el juez Fredy Orellana «ha dado luz verde en repetidas ocasiones a procesos penales espurios liderados por la Fiscalía General de la República. En 2023, Estados Unidos incluyó a Orellana en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos por ‘autorizar cargos criminales sin fundamento y motivados políticamente’, socavando las instituciones democráticas».
Mientras que, según Human Rights Watch, Cinthia Monterroso «ha liderado investigaciones penales que atentan contra la libertad de expresión. Participó en el procesamiento aparentemente arbitrario de Jose Rubén Zamora y solicitó una investigación por ‘obstrucción a la justicia’ contra nueve periodistas y columnistas que cubrieron el caso de Zamora. También participó en el proceso penal abusivo respecto del registro legal de Semilla y en allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral. En 2023, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Monterroso en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos 2023 por haber ‘socavado procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivación política contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca'», aseguró Human Rights Watch.
