“Sólo en la fortuna adversa se hallan las grandes lecciones del heroísmo”. Séneca
Desde que inició la transición a la democracia en Guatemala en 1985, la fortaleza del sistema electoral ha descansado sobre las Juntas Receptoras de Votos, una modalidad que convierte a los ciudadanos en garantes del conteo y sumatoria de los votos que determina a los ganadores y perdedores de las elecciones, tal como volvió a ocurrir en el 2023. Pese a esta característica fundamental del sistema electoral guatemalteco, hasta este año prácticamente nadie había hablado extensamente sobre las características del sistema, por lo que desde hace varios procesos electorales empezó a resonar con fuerza la idea de fraude electoral, noción que escaló en discusión cualitativa y cuantitativamente justo en este proceso electoral.
El tema del fraude ha sido ampliamente debatido en redes sociales y en discusiones de ciertos analistas que de forma irresponsable, utilizaron el término de manera generalizada, ya que se presuponía que las anomalías políticas previas iban a configurar un panorama en el que se alzarían algunos candidatos o candidatas con ventaja, de manera que se estaba alterando la voluntad popular. Bajo esa premisa, se argumentó que la cooptación de las instancias judiciales y del mismo tribunal electoral había favorecido el trato diferenciado a los actores: a algunos se les vedó o condicionó la participación política por la vía administrativa o legal, mientras que a otros se les permitió competir con todas las ventajas posibles, de manera que algunos gastaron recursos a manos llenas, mientras que otros eran severamente restringidos y sancionados. Claramente, estas anomalías configuraban un escenario desigual, pero estrictamente hablando, no desembocaban automáticamente en fraude, debido a un argumento central: ¿Hay forma de contabilizar cuantos ciudadanos realmente hubieran votado diferente, de no existir tales anomalías? La respuesta es un rotundo no: tal aseveración solamente es un supuesto que nadie en realidad puede verificar, por lo que el concepto de “fraude sistémico” se cae por si solo.
El caso más problemático fue la descalificación legal de Carlos Pineda, quién la encuesta de Prensa Libre le había dado el mayor número de votos en la medición de mayo. Sin embargo, las encuestas no son instrumentos 100% exactos, tal como demostró la segunda medición de junio, apenas unos días antes de la primera vuelta electoral: dicho ejercicio de predicción falló estrepitosamente, al calcular mal el apoyo real de quiénes posteriormente fueron quienes han pasado a segunda vuelta. Desde esa perspectiva, aún en el caso de Pineda, no hay forma de verificar cómo se hubieran comportado los votantes, de haber participado finalmente en el proceso electoral. ¿Hubiera triunfado Pineda? ¿Habría pasado Bernardo Arévalo a segunda vuelta? Imposible saberlo a ciencia cierta. Al final, ese discurso generalizado de fraude que usaron los actores subalternos finalmente quedó en nada, ya que los resultados les satisficieron al final. Paradójicamente, en un giro inesperado y francamente cómico, la idea de fraude fue retomada entonces por quienes habían sido acusados antes de propiciar un fraude, con lo que ahora son los defensores del estatus quo quienes vociferan el fraude.
Fraude, estrictamente hablando, es alterar el conteo de votos para sumarle votos de forma indebida a quién en realidad perdió, tal como se intentó demostrar con el escándalo que hemos presenciado esta semana: un amparo indebidamente tramitado por la Corte de Constitucionalidad abrió paso a un amplio cuestionamiento y debate sobre el papel de las Juntas Receptoras de Votos, que fueron examinadas a severidad. Al final del ejercicio de revisión y recuento de actas, se demostró que aunque hubo pequeños errores, éstos no alteraron el resultado en ninguna elección; ni siquiera en la controvertida y apretada victoria de la alcaldía metropolitana, lo cual ha demostrado la gran fortaleza del sistema electoral guatemalteco, que descansa sobre la entrega y el heroísmo anónimo de más de 1600 ciudadanos que donaron su tiempo y su energía en el resguardo, conteo y traslado de los votos. Al final de todo, algo bueno salió de quienes vociferaron “fraude”: contribuyeron a que todos estén enterados de la arquitectura del sistema electoral, por lo que yo esperaría que en futuras ocasiones, los discursos irresponsables de fraude no sean tan fácilmente creídos por los guatemaltecos.
