Ciudad de Guatemala, 30 ene (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, vio frustrado este lunes su segundo intento por encarar a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de intentar impedir su investidura, al abandonar una citación con el mandatario aduciendo temas legales.
«La fiscal está mostrando su negativa para no cumplir la ley», declaró Arévalo de León, tras su primer acercamiento cara a cara con la fiscal general, el cual duró sólo 10 minutos.
El mandatario, que asumió el poder el 14 de enero, ha intentado desde sus primeros días de Gobierno sostener una reunión con Porras Argueta pero los intentos del 24 y 29 de enero han sido calificados como «frustrados».
Porras Argueta no asistió a la primera reunión y aunque acudió al consejo de ministros de este lunes, decidió retirarse argumentando que «la ley le prohíbe» formar parte de esta instancia donde se toman decisiones del ejecutivo.
De acuerdo con analistas, la ley interna del Ministerio Público faculta a la jefa de esta entidad a presentarse ante los ministros y mantener un diálogo.
La negativa de la fiscal ha impedido, según Arévalo de León, tener información sobre cómo el Ministerio Público ha avanzado respecto a las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido desde 2018 en materia de violación a la libertad de expresión y prensa.
Después de esta reunión sin resultados, el Gobierno decidió que analizará qué medidas legales puede tomar para poder establecer comunicación con la Fiscalía.
Petición de renuncia y negativa de la fiscal
Las tensiones entre la fiscal general y Arévalo de León se remontan al pasado 12 de julio, cuando la jefa del Ministerio Público arrancó una cruzada de cuatro meses de acciones judiciales para intentar frenar la asunción del presidente que ganó las elecciones contra todo pronóstico.
Desde la semana pasada, Porras Argueta sentenció, en un video publicado en sus cuentas oficiales, que no va a renunciar a su cargo, pese a las múltiples peticiones expresadas por diversos sectores de la sociedad civil e incluso por el mismo Arévalo de León, quien aseguró el 3 de enero que pediría su dimisión.
El mandatario guatemalteco, antes de llegar al poder, fue muy explícito sobre su intención de pedir frontalmente la renuncia de la fiscal general. Sin embargo, tras asumir el poder hace 15 días, ha mostrado una postura más mesurada sobre el tema y se ha limitado a decir que la petición se mantiene.
Las acciones de Porras Argueta, que incluyeron reiterados intentos por cancelar el partido de Arévalo de León, Movimiento Semilla, así como tres solicitudes de retiro de inmunidad contra el mandatario, provocaron críticas de la comunidad internacional y tres meses de protestas en su contra, encabezadas por los pueblos indígenas de Guatemala.
Porras Argueta, que llegó a la Fiscalía en 2018, elegida por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y renovada por Alejandro Giammattei (2020-2024), no puede ser separada de su cargo a menos que se compruebe en un debate que ha incurrido en delitos, según la ley actual del país.
Por la tarde, horas después de la fallida reunión, Porras Argueta emitió un comunicado donde invitó al presidente Arévalo de León a sostener una «reunión de trabajo» para dialogar sobre «esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito», el próximo 7 de febrero.
Arévalo de León, considerado el primer presidente progresista de Guatemala desde la recuperación de la democracia en 1986, tiene como reto en sus primeros meses de Gobierno generar las condiciones de gobernabilidad necesarias para avanzar con las promesas de lucha contra la corrupción que le catapultaron al poder.
