FECI vuelve al ataque, busca anular resultados de Elecciones Generales

Foto: Epicentro

A petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el juez Fredy Orellana ordenó que se pronuncie ante la investigación que se encuentra en desarrollo por los resultados de las Elecciones Generales 2023, los cuales busca anular.

Por medio de un oficio firmado por la fiscal Leonor Morales, de la FECI, solicitó a los magistrados del TSE presentar un informe con las medidas o actos administrativos con los avances de la investigación elaborada por el Ministerio Público y que les fue entregado el pasado ocho de enero, con autorización judicial.

Para entregar dicho informe, el TSE tiene un plazo de 48 horas, las cuales vencen el próximo miércoles 20 de marzo, ya que la notificación fue recibida el pasado lunes.

«Se ordena al Tribunal Supremo Electoral, qué en un plazo qué no exceda las cuarenta y ocho horas informe al Juez sobre las medidas o actos administrativos se llevaron a cabo en virtud del informe de avances de la investigación elaborado por el Ministerio Público y que fuera entregado al Tribunal Supremo Electoral el día ocho de enero del presente año, con autorización judicial, de lo cual se adjunta en copia», se lee en el oficio.

La FECI también recordó que existen tres sentencias de carácter condenatorio emitidas por el juez Orellana en el caso contra el Movimiento Semilla, con quien Arévalo ganó la presidencia.

Según la Fiscalía, en las acusaciones que aceptaron tres extrabajadores del TSE, «se establece fehacientemente que el Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla fue beneficiado por parte de trabajadores del Tribunal Supremo Electoral para que sobre la base de comisión de ilícitos penales como lo son tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, pudiera constituirse como partido».

Sin embargo, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro ha indicado en varias oportunidades que “los resultados están validados, oficializados y son inalterables”.

Asimismo, cuatro magistrados titulares del TSE fueron ligados a proceso por el delito de fraude por la supuesta compra sobrevalorada del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las Elecciones Generales.