La Misión de Observación Electoral (MOE GT) emitió su quinto informe en el que realizó una valoración política sobre el proceso electoral a cinco días de los comicios, en el que evidenció que los departamentos con mayor probabilidades de incidentes son San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Petén.
Además, indicó que el proceso actual ha tenido menos incidentes de violencia electoral que el de 2019, pero reporta más víctimas.
También evidenció que no existe certeza y transparencia en las condiciones administrativas y judiciales, pues este proceso se encuentra inmerso en irregularidades y en una creciente judicialización que debilitó su integridad y legitimidad.
Identificaron algunas debilidades en el proceso de empadronamiento, así como socialización y comunicación deficientes de varias de las reformas a los reglamentos.
«Se han aplicado criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de las candidaturas, y ausencia de análisis legal y político que asegurara la idoneidad de todos los candidatos. Hay interferencia institucional en la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que altera la competencia electoral», se lee en el informe de la MOE.
Respecto al financiamiento de campaña y uso de recursos públicos con fines electorales, la MOE indicó que el régimen de financiamiento electoral guatemalteco sigue siendo vulnerable a la filtración de dinero ilícito y al uso partidista de recursos públicos en las campañas, debido a diversos factores estructurales.
«El sistema de Cuentas Claras y la página de internet del TSE muestran que al 31 de mayo el financiamiento privado ha cubierto 78 % de los gastos de campaña, en tanto que el financiamiento público ha cubierto 22 %. Al 15 de junio de 2023 la MOE-Gt ha observado 43 casos de uso de recursos públicos para campaña electoral. Destaca como muy preocupante el uso con fines político partidarios de los beneficios del Programa del Adulto Mayor, a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social», refirió.
Según la MOE, en este proceso electoral dio acceso a un gran número de candidatos, pero la cobertura privilegió a quienes encabezan las encuestas, y en el último mes de campaña se identificó una tendencia en noticieros de la televisión abierta de otorgar una cobertura preferente al candidato del partido oficial.
«En una situación con focos de conflictos aislados, los planes de prevención y respuesta institucionales podrían funcionar de manera efectiva, pero en caso de una conflictividad generalizada, las capacidades estatales podrían verse superadas», explicó.
Además de esto, la MOE indicó que el 25 de junio realizará una verificación del proceso y de los resultados electorales a partir de una muestra aleatoria y representativa de 1 mil 200 Juntas Receptoras de Votos (JRV) y de una red de observadores voluntarios en todos los departamentos del país y en Estados Unidos. Además, presentarán dos informes a lo largo de la jornada electoral y otro el 26 de junio.
