“Si creemos que vamos a obtener un determinado resultado, es muy posible que nuestra conducta se vaya modificando a favor de ese resultado” Nuria Safont.
Desde hace muchos años se ha ido acumulando la noción de crisis que favorece que cuando se aproxima el proceso electoral, la idea de que el panorama es complejo y difícil se agrande conforme se acerca la fecha en el que se emite el sufragio, al punto que todos esperan conflictos y problemas que puedan significar un peligro de quiebre democrático, tanto a nivel local, regional o incluso, una crisis de mayor envergadura que significara una gran conmoción a nivel nacional.
En las vísperas del proceso electoral 2023, esta idea de unas elecciones complejas y problemáticas ha vuelto a plantearse, debido a la acumulación de factores que pueden incidir en la limpieza y transparencia de todo el proceso; hacemos un breve repaso de tales factores problemáticos:
- En primer lugar, el enfrentamiento que se deriva de la acción de la Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG) en los años 2015-2019 ha llevado a una disputa por el control de órganos jurisdiccionales clave como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y muchas otras instituciones más, por lo que el concepto de “cooptación” y “captura” del Estado es uno de los más utilizados cuando se analiza el contexto nacional.
- En segundo lugar, desde que en el 2019 se lanzara por primera vez una campaña desde diferentes actores sociales para fortalecer la idea de fraude, esta idea ha ido ganando credibilidad sin tener una idea clara de a que se refiere, por lo que ahora es más común oír este concepto en los medios de comunicación, en los razonamientos de los potenciales candidatos a puestos de elección, así como en las conversaciones cotidianas.
- La ausencia de una comunicación efectiva de parte del Tribunal Supremo Electoral ha permitido que muchas acciones recientes hayan sido cuestionadas severamente, aún cuando muchas de esas decisiones institucionales podrían haberse justificado ampliamente si hubiera habido una comunicación institucional efectiva, con lo que de forma desproporcionada se ha ido abonando la idea de un Tribunal plegado a los intereses del gobierno de turno y de los partidos políticos principales.
La falta de credibilidad de muchas de las instituciones clave del proceso electoral entonces, configuran un panorama muy delicado que favorecería que de existir problemas y reparos al proceso electoral, éstos podrían no ser atendidos con propiedad por las instancias jurisdiccionales correspondientes, debido a que cualquier decisión que se tome, podría ser vista con malos ojos por algún sector de la sociedad, haciendo que el concepto de fraude se afiance exponencialmente: sería un concepto autoinmune a la refutación, tal como ha ocurrido con los que siguen creyendo que hubo fraude en el 2019, aún cuando no existen evidencias claras y contundentes que apoyen tales apreciaciones.
Quizá por eso sea tan delicado que incluso, algunos posibles candidatos a puestos de elección estén hablando de fraude, ya que desde ya están deslegitimando cualquier resultado final, lo cual es peligroso: cualquiera que gane, podría ser acusado de ser favorecido por las circunstancias de ese difuso concepto de fraude, con lo cual se garantizaría que muy pocos creyeran en el resultado final.
Fraude, técnicamente hablando, significa probar que hay una alteración de las dinámicas electorales que favorece que un candidato perdedor, pueda ganar alterando el número de votos válidos que ha recibido. Cuando se usa el concepto de “fraude sistémico”, se alude que el contexto político es el que altera esas posibilidades de victoria electoral, aspecto que queda en el difuso campo de la especulación: impedir que un candidato se inscriba por razones técnicas o legales puede ser una anomalía seria, pero probar que ese candidato era el seguro ganador de una contienda electoral, es algo que no se puede probar. Quizá por ello, lo más delicado de argumentar fraude es que puede convertirse en una profecía autocumplida: cualquier resultado podrá ser cuestionado por quienes han perdido, lo que profundiza la falta de credibilidad en las instituciones y en el paulatino desgaste institucional que tarde o temprano, puede favorecer una gran crisis institucional, de consecuencias inimaginadas.
