“Guatemala se enfrenta ante un golpe de estado sin militares, un golpe dado desde las cortes y el MP”. Prensa Comunitaria.
Como en una novela de suspenso político, Guatemala vivió 24 horas de intensa actividad y preocupación política, debido a que justo en las vísperas de la oficialización de la segunda vuelta electoral, el fiscal Rafael Curruchiche intentó alterar el proceso electoral: en un mensaje sorpresivo minutos antes de la conferencia de Prensa en donde el Tribunal Electoral oficializaría los resultados de la primera vuelta electoral, el fiscal anunció la orden del Juez séptimo de primera instancia sentencia penal, el juez Fredy Orellana, quién ordenaba la cancelación del partido Movimiento Semilla, lo que implicaba claramente que se dejaba fuera a Bernardo Arévalo y a todos los candidatos electos por el partido en la actual contienda electoral. La implicación velada era clara: una vez más, se percibía que se intentaba apartar a un candidato incómodo para favorecer al candidato del partido oficial, Manuel Conde, ya que siendo el tercer lugar en la contienda, implícitamente pasaría a segunda vuelta, si se descalificaba al segundo lugar.
Manuel Conde y el partido oficial no solo habría tenido posibilidad de hacer campaña anticipada, o tener acceso a usar el presupuesto del Estado para apuntalar su campaña tal como afirman investigaciones independientes; además habría contado con la complicidad del sistema para descalificar a cuatro candidatos antes de las elecciones, siendo uno de ellos un candidato que encabezaba la intención de voto en la encuesta de mayo de un medio periodístico influyente. Ahora, el golpe final habría sido descalificar ya no a un candidato antes de las elecciones, sino a un contendiente del balotaje guatemalteco. Pero no cualquier contendiente: uno que se percibe que podría ser el candidato ganador de las elecciones en segunda vuelta, considerando el antivoto con el que parte la candidata opositora, Sandra Torres de la UNE.
La acción ordenada por el Juez Orellana es digna de un análisis jurídico extenso: contraviene el marco legal e institucional vigente, no solo porque la normativa electoral prohíbe cancelar un partido político en el proceso electoral; sino porque la norma electoral es de rango constitucional, sin mencionar que violentaba la supremacía del Tribunal en materia Electoral. Adicional a esta falla, la orden judicial era digna de ripley, por su notoria improcedencia legal: ordenaba la cancelación del Comité Pro-Formación del partido Semilla, un órgano que tuvo vigencia en el momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos, pero que hace mucho dejó de existir. Adicionalmente a este garrafal error, si se procede con el argumento de cancelar el partido por su origen, implicaba que anulaba todo lo actuado por el partido no solo en la actual contienda electoral, sino también el la anterior, con lo que los diputados de Semilla no deberían haber ejercido estos cuatro años, abriendo la posibilidad de cuestionar todos los fallos y leyes en las que hubieran participado. ¡Un vacío legal e institucional de consecuencias enormes! Por eso un experto legal hablaba de una notoria huizachada.
Afortunadamente, a estas horas en las que escribo, tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte de Constitucionalidad (CC) detuvieron este notable intento de sacudir la institucionalidad del país, al negarse a acatar la orden el primero, y al suspender la orden del Juez el segundo. La amenaza, sin embargo, no se ha zanjado: la CC solo suspende la orden del juez, no así la acción penal del Fiscal Curruchiche, quién durante muchas horas secuestró una cantidad ingente de archivos relacionados con el partido Semilla, con lo cual se intuye que escarbará todo posible error, para magnificar el argumento de que Semilla es antiético y corrupto, por lo que merece ser cancelado. El objetivo es doble: si no logra cancelar al partido, al menos le hará daño a su integridad moral sobre la que basa su ascenso electoral meteórico, con lo cual busca, de una u otra forma, descalificar a Bernardo Arévalo y a Semilla como opción electoral.
Hoy más que nunca no hay que dejar de vigilar el proceso electoral, porqué seguro que éste no será el último intento de alterar la voluntad popular. Ojalá el pueblo de Guatemala no olvide cual es el objetivo de fondo: negar la posibilidad de cualquier cambio. Los meses siguientes serán una dura batalla por el control de Guatemala, por lo que debemos estar a la altura de las circunstancias. De nosotros depende que no dejemos que nos roben la posibilidad de una nueva primavera democrática, tal como soñaron nuestros ancestros.
