La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov
Una de las noticias más sonadas de la semana fue el incidente en la comunidad de Nahuila, ubicada en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, donde un grupo de pobladores agredieron a 18 trabajadores de salud, quienes también fueron retenidos por espacio de siete horas, en un incidente que ha puesto en evidencia la gran incapacidad del Estado de Guatemala por proveer directrices eficaces que regulen la cotidianeidad de muchas poblaciones, especialmente aquellas que se encuentran muy alejadas de los grandes centros urbanos.
Para entender este incidente, hay que resaltar que la institucionalidad del Estado se ausenta en gran medida cuando se va alejando de los grandes centros urbanos, de manera que para muchos guatemaltecos, las directrices oficiales solamente representan anécdotas lejanas que muchas veces solamente representa molestias u obstáculos, que son percibidos frecuentemente como contrarias a la vida y los intereses de los pobladores, ya que se han acostumbrado a que en momentos de crisis, la respuesta gubernamental probablemente será insuficiente y tardía.
En muchas comunidades, la necesidad de trámites y la solicitud de servicios, puede significar mucho esfuerzo y sacrificio para los pobladores de las áreas rurales, quienes necesitan desplazarse por largas distancia para acudir a las oficinas institucionales que requieran, para muchas veces ser mal atendidos, lo cual indudablemente ha incidido en una percepción negativa de la institucionalidad pública.
En el caso concreto que nos ocupa, lo que se sabe es que la reacción de los pobladores se debe en primer lugar, a lo que percibieron como una amenaza: se narra que uno de los vecinos que recibió la vacuna contra el COVID-19, sufrió quebrantos de salud, lo cual probablemente se combinó con las muchas campañas de desinformación que circulan por las redes sociales, aspecto que no fue adecuadamente considerado por las autoridades de salud, quienes fallaron terriblemente al programar una visita que no fuera anunciada con anterioridad.
De la misma forma, el Ministerio de Salud ha sido francamente deficiente en su comunicación oficial, aspecto que incluso es evidente en las áreas urbanas, donde supuestamente existen más canales de información, pero donde también campean las campañas de desinformación, sin que exista una adecuada respuesta gubernamental.
Lamentablemente, algunas de las voces que se oyeron al conocerse este caso, apelaban nuevamente a la necesidad de que el Estado ejerza su capacidad coercitiva, de manera que se buscara el castigo ejemplar para quienes realizaron esta singular protesta. Este razonamiento solamente profundizaría la imagen que ya se tiene de las instituciones públicas, que se ven como distantes, francamente ineficientes y por momentos, como una auténtica amenaza que es contraria a sus intereses. Por eso, en áreas fronterizas con México, los pobladores perciben a las leyes y a las fuerzas de seguridad nacionales como un enemigo que les impide obtener productos más baratos, gracias a las redes de contrabando que operan en esas áreas fronterizas.
Nuestra sociedad no ha sido construida pensando en la inclusión de todos, por lo que la aprobación de muchas leyes y el diseño de muchas instituciones, simplemente no considera la opinión o el sentir de muchos ciudadanos, por lo que en la realidad, en muchos ámbitos territoriales, el Estado simplemente es incapaz de ejercer su autoridad, simplemente porque tampoco ha sabido desarrollar la identidad colectiva ni tampoco garantizar las mínimas condiciones de salud, educación, vivienda, infraestructura y trabajo que los pobladores necesitan.
