“En materia electoral existe una diferencia abismal entre aquí no hubo fraude y aquí no paso nada”, Luis Gabriel Carrillo Navas.
El proceso electoral finalmente inició con la convocatoria que el TSE realizó el 20 de enero del presente año, por lo que los primeros meses del 2023 estará dominada por los incidentes que ocurran durante esta crucial etapa de la sociedad guatemalteca: el proceso que definirá quién conducirá el destino de nuestro país por los próximos cuatro años. Si la sociedad guatemalteca vuelve a elegir mal, como parece haber ocurrido en los últimos 30 años de la democracia, padeceremos otros cuatro años perdidos en los que se seguirán acumulando las tensiones, las problemas y los desafíos que hemos enfrentado desde hace décadas, con lo cual se multiplicarán los conflictos, la violencia y la insatisfacción de los ciudadanos; por el contrario, si finalmente rompemos la maldición de los malos gobiernos, quizá podamos empezar a revertir estas malas noticias, para iniciar el proceso de reconstruir nuestro país, para la tranquilidad y la satisfacción de todos quienes hemos nacido y crecido en este bello, pero sufrido país.
En el camino, sin embargo, se perfilan amenazas terribles: hay un consenso que el proceso electoral 2023 está cargado de potenciales peligros y amenazas que preocupan a todos los actores relevantes de nuestra sociedad, ya que la sombra de los conflictos y la violencia se cierne como una amenaza muy real sobre el proceso electoral. Contribuye enormemente a este riesgo el hecho de que las principales instituciones políticas y legales del país estén bajo un permanente cuestionamiento, debido a las maniobras políticas que han cooptado las decisiones y las acciones institucionales; de esa manera, se percibe que el sistema político no actúa de forma imparcial, sino en defensa de los intereses que se han enquistado en el sistema desde hace décadas, con lo cual se contribuye a que aumente la sensación de injusticia e inconformidad ciudadana. A este proceso de acción parcial y sesgada de las instituciones es a la que se denomina la cooptación del Estado, concepto que ha sido frecuentemente mencionado por quienes cuestionan la acción institucional del Estado; un ejemplo concreto, es las acciones legales que se han planteado por algunos actores para impedir legalmente la participación de algunos candidatos y candidatas que buscan elegirse en el proceso electoral, con lo cual se ha lanzado un concepto altamente peligroso, por sus consecuencias: numerosos analistas y actores políticos anuncian que en las elecciones 2023 ocurrirá un gran fraude electoral, con lo cual se ha iniciado el peligroso camino de la deslegitimación del proceso electoral.
Las consecuencias de la desconfianza hacia el proceso electoral y hacia la acción del sistema es múltiple: en primer lugar, el sistema legal e institucional tiene la tarea fundamental de la mediación: cualquier conflicto debe de solucionarse por la vía legal, de forma que se evite la violencia y la confrontación directa. Si el sistema está altamente cuestionado, la tendencia es a la búsqueda de la justicia por mano propia, lo que solo aumenta la espiral de la violencia y la confrontación.
Una segunda consecuencia es la imposibilidad de construir proyectos comunes, de manera que siempre existirán dos grupos permanentemente enfrentados: los que se benefician del sistema, aquellos que pueden verse como los vencedores de los conflictos, y aquellos que son perjudicados, por lo que se sienten perdedores en un escenario donde éste ultimo grupo no tiene incentivos para mantener la calma y la paciencia, con lo cual simplemente se alimenta un conflicto permanente que promueve la inseguridad, la incertidumbre y la crisis endémica.
La democracia guatemalteca indudablemente tiene múltiples defectos y problemas, pero retroceder al tiempo de la guerra de todos contra todos que es la que hemos descrito en el párrafo anterior siempre es un escenario aún mucho peor. Trabajar para preservar y ampliar los derechos y las prácticas ciudadanas es, por tanto, la única alternativa que nos queda. En ese sentido, preservar la integridad y la legitimidad delas elecciones 2023 pueden verse como el mayor desafío que la sociedad guatemalteca ha enfrentado en los últimos 30 años.
