Un viejo refrán dice que “Cada quien se quita las pulgas como puede.” En otras palabras: cada quien resuelve un determinado problema a su modo, tomando en cuenta sus propias y peculiares circunstancias. Esto viene a cuenta con motivo del combate que contra las maras viene realizando la administración del Presidente Bukele en la República de El Salvador. Su esfuerzo ha motivado comentarios favorables de distintos sectores en distintos países, incluido el nuestro, y con tal motivo considero interesante, oportuno, realista y prudente entresacar algunas muy realistas y prudentes observaciones contenidas en el artículo escrito por Will Freeman y Lucas Perelló, titulado Por qué el modelo Bukele no va a funcionar en otros países de América Latina, publicado por The New York Times el 09.02.2024. Con tal motivo me circunscribiré exclusivamente al tema del combate a los grupos criminales.
Advierten Freeman y Perelló que: «quienes copian las medidas de Bukele y aquellos que creen que su modelo puede replicarse en cualquier lugar no han considerado un punto clave: no es probable que las condiciones que le permitieron controlar a las pandillas en El Salvador se presenten en otras partes de América Latina.» Este es un hecho inobjetable por cuanto que: «Las pandillas de El Salvador son únicas y están lejos de ser como las organizaciones criminales más sólidas de la región. Durante décadas, unas cuantas pandillas se enfrentaron entre sí para conseguir el control de territorios y ganaron poder social y político. Pero, a diferencia de los cárteles en México, Colombia y Brasil, las pandillas de El Salvador no han sido actores importantes en el comercio global de drogas y habían estado más bien enfocadas en la extorsión. En comparación con estos otros grupos, contaban con finanzas limitadas y no tenían tanto armamento.»
En desarrollo de su tesis los autores apuntan que: «La historia no sería tan sencilla en otras partes de América Latina, donde las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador. Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado, o bien han surgido nuevos grupos delictivos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas. La guerra de Pablo Escobar contra el Estado en las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, la reacción violenta de los cárteles a las acciones de las autoridades mexicanas desde mediados de la década de los 2000 y la respuesta violenta a las recientes medidas del gobierno de Ecuador contra las pandillas son solo unos cuantos ejemplos.»
Otro motivo que sirve para diferenciar el caso de El Salvador es que en otros países «se dice que los grupos delictivos han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía.» Y por si lo habrá que considerar que: «Incluso si los mandatarios enviaran soldados y policías a realizar redadas masivas como las de Bukele, es posible que las fuerzas de seguridad no estén preparadas o tengan incentivos para socavar la misión.»
La conclusión resulta en una clara advertencia que debe tomarse con cautela: «Los gobiernos podrían verse sumidos en el caos si se multiplican los grupos delictivos o contraatacan con violencia. Además, en el proceso podrían quitarle espacios a la sociedad civil y a la prensa, reducir la transparencia del gobierno, llenar con más detenidos las prisiones, que ya están abarrotadas, y debilitar a los tribunales. Históricamente, los presidentes de América Latina que no tienen un compromiso absoluto con la democracia ya han dado algunos de estos pasos, o todos ellos, para su beneficio político de cualquier manera. Combatir el crimen es la excusa perfecta.»
